El presidente de la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), Ignacio Sánchez de Mora, ha indicado que la próxima semana tienen previsto celebrar una reunión con la Agencia de Obra Pública, donde el sector va a pedir que "se reconozcan los sobrecostes de las obras reprogramadas".

En declaraciones a Europa Press, Sánchez de Mora ha indicado que "mientras la Agencia de Medio Ambiente y Agua sí ha reconocido que pagará el sobrecoste en la reprogramación de sus obras, la Agencia de Obra Pública no nos ha comunicado nada".

Ha explicado que esta asociación presentó un escrito al director gerente de la Agencia de Obra Pública donde "se piden explicaciones sobre por qué se modifica unilateralmente la forma de pago", algo que se viene registrando, según asegura "desde inicios de año".

De esta forma, aseguran que "Ferrocarriles Andaluces reconoce los pagos, envía el 'confirming', a 670 días, mientras que en el caso de las obras de carreteras se tarda en dicho 'confirming' unos 365 dias".

Por ello, Asica pide a la Junta que "reconozca de oficio los sobrecostes, esto es, los gastos financieros por pasar de los días acordados inicialmente a los reales y los intereses de demora derivados de la aplicación de la Ley de Morosidad, antes de que lleguen las reclamaciones de las empresas y consultoras".

Por otro lado, Sánchez de Mora ha expresado sus dudas sobre si dichas reprogramaciones, tanto en el área de obra pública como en el área de medio ambiente, son "conformes a derecho", en el sentido de que considera que dichas reprogramaciones "deberán suponer nuevos contratos con modificaciones, que deberán incluir nuevos plazos y nuevos precios, esto es, nuevas anualidades de pago, recogiendo el importe exacto y el sobrecoste que va a originar esta demora".

Los consultores dudan de que dichas "modificaciones de contrato" se puedan hacer "mediante un mero acuerdo mutuo entre las partes o si para tramitar un expediente de modificación de contrato es necesaria la aprobación nuevamente del Consejo de Gobierno, al tratarse de aprobación de gasto plurianual, previo informe y visto bueno de la Intervención".

Asimismo, se preguntan "cómo quedará este proceso de reprogramación en relación con la Ley de Morosidad, que se debe cumplir".