El pasado mes de septiembre, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) denunciaba que los notarios cobran de más a quienes cancelan su hipoteca. Dos meses después son los propios notarios quienes piden una mayor regulación en el mercado hipotecario y de la vivienda para reforzar la protección al consumidor.

Los notarios han celebrado en Alicante su XI congreso, donde han defendido la importancia de la transparencia, información y asesoramiento a los ciudadanos que contratan con los grandes agentes económicos.

Y bien está que así sea, porque el informe de la OCU sobre las minutas que los notarios y registradores denunciaba que cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca y que "cobran de más", ignorando las tarifas aplicables al caso.

El presidente del Notariado, Manuel López Pardiñas, resalta que la actual legislación potencia "cada vez más" el papel del notario en la protección jurídica de los consumidores. La prueba, en su opinión, es la reciente Orden Ministerial de 28 de octubre de Transparencia y Protección de Clientes de la Banca que establece que el notario deberá de negarse a autorizar el negocio cuando éste no se ajuste a legalidad vigente.

Pero los notarios coinciden en que debería irse más allá. Reclaman la necesidad de adoptar una serie de reformas para incrementar la seguridad jurídica en algunos campos específicos de la contratación del mercado de la vivienda.

Así, defienden que sería necesaria su intervención en la fase previa al otorgamiento de la escritura, de tratos preliminares y firma de documentos privados o de arras, donde el notario protegería al comprador; así como en la regulación de los contratos de arrendamiento, donde los arrendadores podrían ver reforzada su posición con una preceptiva intervención notarial que dotase de mayor seguridad jurídica el contrato y el pago de las rentas.

Según los notarios españoles, el propietario de suelo tiene derecho a no participar en la ejecución de las actuaciones de urbanización, y deberían ofrecerle la posibilidad de tener algún tipo de preferencia en los instrumentos de ejecución, así como en el ámbito del proceso reparcelatorio.

Con todo ello, aseguran, los notarios estarían en condiciones de ofrecer al ciudadano algunas modalidades de garantía privada, mucho menos gravosas, como una hipoteca unilateral sobre la propia finca afectada por la actuación; una hipoteca mobiliaria o una prenda ordinaria de depósitos a plazo, y acciones o participaciones sociales.