El movimiento 15-M de Asturias pretende que el edificio de la antigua Consejería de Salud del Principado, en la calle General Elorza de Oviedo, que ocuparon hace 9 días se convierta, además de en un centro cultural, en un espacio para realojar a las familias desahuciadas.

Desde entonces, aseguraron dos de los indignados a 20 minutos, "estamos dentro en torno a 50 personas, pero fuera estamos recibiendo el apoyo de compañeros de Gijón, Siero, Mieres o Avilés, además de los de Oviedo, que nos traen comida, productos de limpieza...". El edificio es, según uno de los indignados, un símbolo de la especulación urbanística, "origen de la actual crisis", ya que está previsto que  se tire para crear viviendas "de lujo".

En un comunicado remitido el miércoles, el movimiento 15-M asegura que el Principado vendió "irregularmente" la parcela a la constructora Sedes para financiar en 2007 la compra de las dos alas del edificio Calatrava a la empresa Jovellanos XXI, "propiedad de dos empresarios multimillonarios, José Cosmen y Alberto Lago".

Para financiar este "derroche de dinero público" (59 millones de euros) se convirtieron tres parcelas públicas en suelo residencial: las consejerías de la calle General Elorza, otra más en la calle Uría y el Instituto de San Lázaro, según el comunicado.

También señalan que un informe de la Sindicatura de Cuentas del 1 de Abril de 2009, recoge que el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, "ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional, cosa que no pasó".

En la actualidad, aseguran el edificio se encuentra "sucio y en mal estado", aunque es "aprovechable". Por ello, están realizando labores de mejora con el objetivo de abrirlo al público "lo antes posible". "Los vecinos fueron convocados para exponerles el proyecto y la asociación de Pumarín está de acuerdo con la ocupación" adelantaban el miércoles por la noche en el transcurso de una asamblea.

La ocupación del inmueble no se conoció hasta el miércoles para evitar un desalojo exprés. En ese caso "la Policía es la que tiene que denunciar la ocupación en un máximo de 48 horas", aseguraron los indignados, que hablan de "liberación" de un edificio público. Pero no fue así.

El miércoles por la tarde, sin embargo, "un agente de la Secreta se acercaba al inmueble y solicitaba la dirección a uno de los indignados del exterior" para remitirle una denuncia judicial cursada por Sedes, dueña del suelo.