Tiene deberes pendientes y se enfrenta a una crisis en la que no puede ser víctima de los recortes. La mayoría de los colectivos implicados en el sistema judicial coinciden en que faltan recursos (plantilla y medios) para adaptar la Justicia al siglo XXI y que el ciudadano la vea como algo que le sea cercano. "La ciudadanía tiene que perder el miedo", aseguran en la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales. Junto a estas preocupaciones, la necesidad de despolitizar el sistema para evitar injerencias.

Al margen de coincidencias, los colectivos también se centran en las peculiaridades de su día a día a la hora de hacer una radiografía del sistema. Y estas son sus propuestas:

Jueces. "Entra mucho papel y hay pocos medios para darle salida", explican en la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. El colectivo entiende que hay que "adaptar un sistema del siglo XIX al XXI", porque el siglo XX se cerró con tareas pendientes.

Fiscales. El Ministerio Fiscal debe gozar de "autonomía funcional y orgánica", explica Francisco Jiménez- Villarejo, presidente de la Asociación de Fiscales, que apunta también al impulso de "investigaciones patrimoniales eficaces" con oficinas de recuperación de activos dirigidas por un fiscal. Además, señala que "España debe dejar de ser el único miembro de la UE" que todavía no cuenta con una Ley de Cooperación Internacional.

Abogados. El Consejo General de la Abogacía Española apunta a "reformas radicales", como acabar con la "descoordinación competencial" o el "caos informático". Y ve "indispensable" garantizar el actual sistema de justicia gratuita, "el mejor del mundo", que prestan 36.000 abogados a diario.

Sindicatos. Las reformas deben ir encaminadas a una "Justicia más transparente, ágil, independiente, de acceso gratuito y en condiciones de igualdad", explica Flora Martínez, secretaria general del sector de Justicia de CC OO, que rechaza el copago judicial y eliminaría "privatizaciones y externalizaciones". En UGT consideran "imprescindible" el impulso de la "formación permanente de jueces y magistrados", y consideran la Justicia "un pilar básico del Estado de bienestar". Además, el sindicato reclama "mecanismos de participación institucional de la sociedad en la Justicia", nuevas unidades de judiciales y un pacto de Estado.

Amnistía Internacional. En materia de violencia de género "debería elaborarse un manual de buenas prácticas judiciales para la incorporación de la perspectiva de género". Además "debe reformarse la Ley de Protección de Testigos para garantizar la efectiva protección de las víctimas". Amnistía Internacional España también asegura que "deben garantizarse investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales" en relación a torturas o malos tratos policiales.

Afectados por negligencias. Desde la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales defienden que los jueces "tienen que estar muy bien pagados" para evitar así "tentaciones", y actualmente "están lejos de ser el cuerpo mejor pagado". Además, la plataforma cívica pide adecuados "sistemas de depuración de negligencias, de posibles prevaricaciones" a la hora de determinar "quién juzga a los jueces".

Plataforma de Infancia. "Hay que adaptar el sistema judicial para los niños; un proceso que dure alrededor de dos años, para un niño de seis, ocupa el 30% de su vida", apunta Ángel Hernández, director de la Plataforma de Infancia. Además, aboga por "alternativas al internamiento" (servicios a la comunidad, entre otras) supervisadas por educadores.

15-M. El movimiento centra sus reivindicaciones en materia de Justicia en el "rechazo y condena de los políticos corruptos". Exige una ley que prohíba el acceso a las listas electorales de personas imputadas en causas de corrupción.

La Justicia también entra en la carrera electoral, durante la que los principales partidos lanzan sus promesas para este ámbito. "Hay que tener cuidado. Durante la campaña hablan de Justicia, pero hablan desde la política", advierten desde la Asociación Francisco de Vitoria, que, refiriéndose a la cadena perpetua revisable –medida que propone el PP–, aseguran que "choca frontalmente contra la Constitución". Desde Plataforma de la Infancia abogan por "no modificar las leyes al calor del momento", sino con perspectiva, evaluación...