El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado este martes que el último auto dictado por la juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, en el que reclama a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido —actual alcalde de Sevilla— el plan promovido por el Gobierno central en 2002 "para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza", "ha metido de lleno en el caso ERE al Gobierno de José María Aznar, a Javier Arenas y a Juan Ignacio Zoido".

En declaraciones a Europa Press, Jiménez ha asegurado que dicho auto "mete claramente en el caso al Gobierno de Aznar, a Javier Arenas y a Juan Ignacio Zoido" y ha defendido la necesidad de "investigar si en la cúpula del Ministerio de Trabajo se produjo alguna instrucción al Instituto Nacional de Empleo o a la Inspección de Trabajo", ya que ha recordado que el propio Zoido "ha asumido la responsabilidad directa en el listado de prejubilables al manifestar reiteradamente los cerró personalmente".

"Al final, cegados de ira y afán revanchista, el PP-A se estaba disparando en el pie porque la responsabilidad directa en el listado de prejubilables de la Franja Pirítica lo tiene el señor Zoido, que manifestó a los medios que los cerró personalmente y uno a uno", ha añadido el portavoz socialista, que ha exigido "responsabilidades al PP, a Zoido y a Arenas por si se pudo derivar algún tipo de irregularidad" de la actuación del Gobierno central y del Ministerio de Trabajo.

En su opinión, las prejubilaciones aprobadas en la Faja Pirítica fueron una "buena solución, más allá de que pueda surgir alguna anomalía de la que no se puede culpar a todos los mineros", por lo que critica que el "desprecio" del PP hacia la faja pirítica de Huelva le lleva a "señalar a esa zona como un territorio de delincuentes".

Junto a ello, Jiménez ha ironizado con la "sorpresa" que le ha producido la aparición de este nuevo auto de la juez Alaya "en la última semana de campaña electoral" del 20N y la "utilización fraudulenta y manipuladora" de su contenido por parte del PP-A, "como era de esperar, ya que no les interesa esclarecer posibles irregularidades, sino convertir el caso en una causa general contra la Junta de Andaucía y la política que se ha seguido en el conjunto de las administraciones públicas para paliar la situación de las empresas en crisis".

"es falso que la juez alaya haga indicación de ningún tipo hacia griñán"

En este sentido, el portavoz del PSOE ha querido dejar claro que "es rigurosamente falso que la juez Alaya haga indicación de ningún tipo hacia el presidente de la Junta", José Antonio Griñán, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a los que el PP-A considera "inhabilitados políticamente" tras ser "señalados directamente" en el caso ERE en el último auto.

"No hay ninguna causa para ello porque en todos sus años al frente de la administración su actuación ha sido impecable, porque la actuación en todo momento de la Consejería de Hacienda ha sido correcta en función del ordenamiento jurídico y de la Intervención General de la Junta", ha defendido Jiménez, que ha asegurado que "Griñán y Aguayo son personas cabales y honestas, y Arenas y los dirigentes del PP-A no le llegan a la suela del zapato en términos de honestidad".

A su juicio, el auto de la juez Alaya se limita a "dar traslado a la solicitud de información que plantea el propio PP-A", por lo que reprocha que este hecho sea aprovechado en plena campaña electoral "por la derecha andaluza y sus medios de comunicación" para "hacer una interpretación malintencionada que no se corresponde con la realidad".

Por último, Jiménez ha llamado "especialmente la atención" sobre el hecho de que la juez Alaya también reclame información sobre las ayudas concedidas a la Minas de Aguas Teñidas (Matsa) y ha demandado una "explicación más pormenorizada" sobre su motivación, ya que se trata de "un caso cerrado sobre el que ya se han pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS)".