La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha comunicado al que fuera subdirector de esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento Daniel Ponce y a la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial, María Regla Pereira, la aplicación de sendos "despidos disciplinarios" a cuenta de su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, por Ponce y el antaño director general de la lonja, Fernando Mellet. Y es que la juez mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha abierto ya juicio oral contra los cuatro acusados por este presunto delito de cohecho, entre ellos Ponce y María Regla Pereira.

Concretamente, el director general de la sociedad mixta Mercasevilla, Manuel Blanco, ha trasladado este martes a Daniel Ponce y María Regla Pereira, que aún formaban parte de la plantilla del mercado central, sendos escritos dando cuenta de la aplicación de un "despido disciplinario" merced al artículo 59.3 D del convenio colectivo. Con esta decisión, la sociedad gestora del mercado central califica "en grado máximo la falta y la sanción a imponer", pues "no desvirtúan los hechos merecedores de sanción" las alegaciones promovidas por los afectados y el comité de empresa, en el "trámite de audiencia" habilitado por la compañía para sendos procedimientos disciplinarios.

"ruptura de la confianza depositada"

Esgrime el director general de Mercasevilla, según la documentación recogida por Europa Press, "la gravedad de los hechos imputados" a ambos miembros de la plantilla de la lonja y la consecuente "ruptura de la confianza depositada, máxime teniendo en cuenta que sus funciones exigen una especial honorabilidad y ética al representar a la dirección de la compañía". Y es que estos procedimientos disciplinarios arrancaban de la apertura de juicio oral contra Ponce y María Regla Pereira a cuenta de los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número seis, sobre el presunto intento de cobro de comisiones ilegales en el que habrían incurrido Daniel Ponce y Fernando Mellet sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'.

El escrito trasladado tanto a Ponce, como a María Regla Pereira, finalmente, hace efectivos estos despidos disciplinarios "desde el día de la recepción" de la carta en cuestión. Daniel Ponce, de hecho, ha recibido el escrito en mano y María Regla Pereira a través de un burofax.

Apertura de juicio oral contra ellos

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla. Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

"La imputación formal en un procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales, por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena fe contractual", señala el documento que resuelve los despidos. En ese mismo sentido, la directiva de Mercasevilla avisa de que "estos hechos que se le imputan son constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe contractual tipificados en el convenio colectivo".

El despido inicial de ponce

Cabe recordar, al respecto, que ya a comienzos de 2010, el Juzgado de lo Social número once declaró improcedente el despido que Jordi Maymó, entonces director general de Mercasevilla, había consumado sobre Daniel Ponce el 6 de octubre de 2009, extremo que derivó finalmente en su readmisión en el organigrama de la sociedad mixta. No obstante, la propia sentencia que declaraba improcedente este despido admitía la existencia de "irregularidades" en la justificación de gastos cargados por Ponce a las cuentas de Mercasevilla, que habría tolerado en este caso esta situación.

Las causas alegadas entonces por Mercasevilla para el despido de Ponce aludían a la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa", concretamente Carmen V.M., y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial, en alusión a las diferentes líneas de investigación que pesaban y siguen pesando sobre la gestión de Mellet y Ponce al frente de la compañía.