La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al armador de Ribeira (A Coruña) Manuel Antonio Vidal Pego como responsable penal de un delito de estafa, previsto con penas de un año y ocho meses de prisión y multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de 15 euros. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de reposición en el plazo de cinco días.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala el arresto subsidiario —previsto en el artículo 53 del Código Penal— y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de obligarle al pago de la mitad de las costas procesales y declarar el resto de oficio.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la entidad Coast Line en una suma próxima a los 2,74 millones de dólares USA —según cambio oficial en euros a fecha de 27 de febrero de 2006 más un 10% de dicha cantidad en concepto de lucro cesante, con el interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil—.

El texto de la sentencia recoge como hechos probados que "Manuel Antonio ocultó al representante de la entidad Coast Line el hecho de que el buque Hammer, que había procedido a la captura del pescado objeto de la compraventa, había sido avistado por las autoridades australianas por faenar en la zona del convenio para la conservación de los recursos marinos vivos de la Antártida".

"Teniendo el convencimiento de que (...) la entrega de la mercancía pactada con Coast Line iba a resultar, con certeza, imposible, oculta estos datos a Luis Suárez, representante de Coast Line, en la operación de compraventa y, con intención de beneficiarse económicamente, procede a requerir del pargo del precio restante a esta última fecha", subraya.

La entidad querellante estaba defendida por Luis Molero, socio del Gabinete Garrigues, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Antecedentes de pesca ilegal

En noviembre de 2009, el PSdeG exigió a la Xunta explicaciones por la concesión de 3,9 millones de euros en ayudas públicas a la empresa Biomega Nutrición, propiedad del empresario Manuel Antonio Vidal Pego, que fue condenado internacionalmente en 2003 por pesca ilegal de su buque Viarsa.

De igual modo, en abril de 2010, Oceana acusó al Gobierno gallego de subvencionar con 4,02 millones de euros a esta empresa, "estrechamente vinculada" con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).