Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, con los votos del PP y la oposición del grupo socialista, las dos leyes por las que se suprimirán el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES) de la región.

Se trata de las dos primeras leyes aprobadas por el Parlamento castellano-manchego desde que María Dolores de Cospedal ganó las elecciones el pasado 22 de mayo y dan cumplimiento a un compromiso programático de la actual presidenta regional.

El Gobierno castellano-manchego y el grupo del PP han justificado la supresión de ambas instituciones en la austeridad necesaria por la grave situación financiera de la región y cifran en 3 millones de euros al año el dinero que se ahorrará gracias a esta medida.

El papel del CES como órgano de interlocución social será suplido por organismos que no tengan coste al erario público, como el Observatorio Regional de Mercado, mientras que las quejas y consultas ciudadanas serán remitidas directamente al Defensor del Pueblo estatal.

Sin embargo, el grupo socialista ha puesto en duda que la austeridad sea la verdadera razón en la que se apoya el Gobierno regional, al que ha acusado de deshacerse de aquellas instituciones y organismos que pueden controlar su actuación.

Por otro lado, María Dolores de Cospedal afirmó este jueves, en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, que "el contenido del proyecto de gobierno que ha puesto en marcha en la región es el mismo proyecto que presenta Mariano Rajoy para toda España".