En la iniciativa a la que tuvo acceso Europa Press, se destaca la labor "privilegiada" que vienen desarrollando en la lucha contra posibles "arbitrariedades, abusos o negligencias" de los poderes públicos hacia la ciudadanía.

En este sentido, se propone que el Parlamento declare su "más firme convencimiento" de que su eliminación supondría un "menoscabo de la calidad democrática".

Asimismo, plantean que la Cámara vasca también muestre su reconocimiento a la labor desarrollada a lo largo de estos años por la institución del Ararteko, así como su máximo respaldo a su función de alto comisionado del Parlamento vasco para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones públicas de Euskadi.

Aparición defensor del pueblo

Los socialistas recuerdan que, desde su aparición en Suecia en 1809, el defensor del Pueblo es una autoridad encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante los "abusos" que pudieran cometer los poderes públicos.

En este sentido, destacan que la legitimación democrática del Defensor del Pueblo es "indudable", dado que en todos los casos procede de la elección parlamentaria, sin que ello impida "su más completa independencia" a la hora de desarrollar su labor de control a los poderes públicos.

Asimismo, el PSE-EE subraya que la institución del Ararteko cuenta en su "dilatado" recorrido con el reconocimiento explícito del Parlamento vasco y, "lo que es más importante, con el de la ciudadanía".

"Un respaldo que se ha ido ganando la institución a través de un trabajo serio, riguroso, autónomo y no exento de dificultades en algunas ocasiones, a través de sus requerimientos e informes que resultan ser, además de instrumentos de defensa de los derechos de los ciudadanos, elementos de evaluación continua de las políticas públicas y de las responsabilidades de los poderes públicos en la gestión del bien común", asegura.

Los socialistas indican que recientemente se ha conocido la intención de algunas comunidades autónomas de suprimir la figura del Defensor del Pueblo autonómico al entender que su propia existencia implica "una duplicidad de funciones" dada la existencia del Defensor del Pueblo a nivel estatal.

A su juicio, la institución del Defensor del Pueblo no sólo constituye un "eficaz" instrumento de defensa de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones, sino que se presenta como "un verdadero aliado" a la hora de hacer efectivos esos derechos.

Asimismo, destaca que su supresión implica, además de "una pérdida" de las señas de identidad territoriales, el "abandono" del principio de descentralización, así como de atribución de competencias a las instancias más próximas al ciudadano o la eliminación de un instrumento privilegiado de garantía del desarrollo democrático en los distintos ámbitos autonómico.

El PSE-EE indica que, todo ello, no obsta para que en el anteproyecto de presupuesto que el Ararteko debe remitir a esta Cámara le sea exigible, como al resto de instituciones, el "necesario ajuste consecuencia de la actual coyuntura económica, priorizando en su actuación la eficiencia y austeridad en la gestión de los recursos públicos".