M.ª de los Ángeles Gil de la Cruz (46 años) ha pasado los últimos veinte "cuidando" de Paulino, su suegro, –que falleció el 12 de julio en Madrid a los 88 años de edad con párkinson, diabetes y demencia–. Como él, 1.452.098 españoles han visto reconocido su derecho a una prestación desde que en enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, aunque 258.104 de ellos siguen esperando que la ayuda se materialice, y otras 661.995 solicitudes fueron directamente descartadas, según los datos del Ministerio de Sanidad a 1 de octubre de 2011.

Pero Paulino ha corrido mejor suerte que muchos y la ley amenaza con perseguirlo más allá de la tumba. "Que dejen descansar a los muertos y se ocupen de los vivos", denuncia su nuera, que con fecha 26 de septiembre recibió una notificación oficial de la Comunidad de Madrid que la ha dejado literalmente de piedra.

"Hemos podido comprobar que nos hemos puesto en contacto con el interesado para fijar el día y la hora para su valoración en su domicilio", reza la carta oficial. "Si hablan con mi suegro, que me cuenten cómo está", zanja "dolida" su nuera.

La carta de la Comunidad de Madrid –que reconoce el "error y cruce de información"– evidencia que la suerte de los dependientes es muy diferente en función de la región donde residan. La familia de Paulino no entiende cómo es posible que el Ejecutivo madrileño se descuelgue con semejante misiva cuando ya les habían enviado otra carta el 30 de agosto en la que les informaban de que su suegro había fallecido y que le daban de baja en la dependencia. "Como si yo no lo supiera", dice indignada su cuidadora.

Es más, aunque su familia acudió al registro madrileño a primeros de septiembre para dejar constancia escrita de su muerte, los hechos demuestran que sirvió de poco. Situaciones similares a la de esta familia madrileña, que tiene también a su "abuelita" pendiente de revalorización e ingresada de momento en una "residencia privada", se viven a diario en otras regiones.

A pesar de ello, UGT afirma que el funcionamiento de la ley "no tiene nada que ver con el color político, sino con la voluntad" y es "excelente" en Navarra, País Vasco o Castilla-La Macha y Castilla y León, y "mala" en Madrid, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

La ley reconoce tres grados de dependencia con dos niveles cada uno que dan derecho a percibir unas u otras prestaciones. En el caso de Paulino (grado II, nivel 2) le correspondieron 40 horas mensuales de asistencia domiciliaria. Además, la ley reconoce otros servicios, como la teleasistencia, los centros de día o noche, las plazas residenciales o la asistencia personalizada.