Según informó el miércoles el PP en un comunicado de prensa, la querella, con ejercicio de la acción penal y civil, es contra los diputados autonómicos José Camarasa Albertos y Antoni Such Botella, y contra los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García.
El PP afirma que en estas conversaciones los empresarios "intentan relacionar a Eduardo Zaplana, sin pruebas y a cambio de dinero y beneficios judiciales, en la causa en la que están imputados, en el cobro de comisiones ilegales" en Terra Mítica.
Además, explica que en estas conversaciones, "grabadas sin conocimiento de los empresarios en el despacho de uno de los diputados socialistas en las Cortes Valencianas", queda recogido cómo el PSOE estaba dispuesto también a trasladar "a alguien con más potestad" la petición monetaria de los dos imputados.
En la primera parte de la querella se detallan los hechos para, a continuación, destacar que el único fin de los querellados fue "perjudicar el honor" de Zaplana, imputándole la comisión de un delito que "no ha cometido" mientras fue presidente de la Generalitat.
En este sentido, se argumenta que es preciso tener en cuenta que, antes de presentar denuncia ante la Fiscalía, José Camarasa Albertos y Antoni Such Botella "no realizaron ninguna averiguación tendente a comprobar la veracidad de lo que afirmaban los dos empresarios".
El texto recalca también que en este asunto "no hay que olvidar que los diputados querellados no se han conformado con presentar la falsa denuncia ante la Fiscalía, sino que la han difundido ampliamente para su conocimiento público, lo que revela, con más claridad si cabe, cuáles son sus verdaderas intenciones".
"La razón de que no exista ni un solo indicio que pueda avalar la información facilitada a los medios de comunicación y a la Fiscalía es que resulta ser absolutamente falsa", añade la querella.
El dirigente del PP denuncia que los dos diputados autonómicos "con total temeridad y absoluto desprecio a la verdad" decidieron "no solo presentar la denuncia, sino difundir su contenido a través de los medios de comunicación, conscientes del gravísimo deterioro que iban a producir en su imagen publica y en su honor".
Ayer, la Fiscalía de Valencia decidió abrir diligencias por el supuesto cobro de comisiones.
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