El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado, con los votos a favor de PP y PSPV y la abstención del Bloc, trasladar al Gobierno central la necesidad de aplazar a diez años la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que ascienden a 40 millones de euros, según ha informado el consistorio provincial en un comunicado.

Además, la moción presentada por el grupo popular contemplaba que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 se incluya, dentro de la partida del fondo municipal, un nuevo apartado económico con el fin de compensar el importe de la Diputación de Castellón, así como del resto de Entidades Locales (EELL), sucesivamente en los siguientes cuatro años.

En la defensa de esta propuesta, el portavoz adjunto del PP en la Diputación, Miguel Barrachina, ha destacado que el Gobierno de España es "plenamente responsable" de la situación de iliquidez de las cuentas de las entidades locales, "ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución por parte de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado en el plazo máximo de cinco años".

"Por ser de su ámbito competencial, corresponde al Gobierno de España llevar a cabo las actuaciones inmediatas que palíen el problema de iliquidez que él mismo generó por sus errores de previsión", ha añadido.

Lo relacionado con la titularidad competencial de la Comunitat Valenciana sobre la caza tradicional del 'parany', presentado como moción por parte del grupo popular, también ha protagonizado la sesión plenaria.

El voto favorable del PP, tras la abstención de PSOE y Bloc, ha permitido aprobar un texto en el que se pide al Gobierno central que retire "de inmediato" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que la temporada de caza por el método del parany transcurra con normalidad. La votación ha contado con la presencia de una treintena de asociados de Apaval.

En el texto se recordaba que el informe del Institut Mediterraneen du Patrimoine Cynegetique et Faunistique (IMPCF) ha demostrado que el 90 por ciento de las capturas son tordos y el 10 por ciento restante de otras especies, por lo que queda demostrada su selectividad, ya que el Ministerio de Medio Ambiente admite hasta un porcentaje del 80 por ciento.

Además, según los estudios realizados, el 93 por ciento de las aves capturadas vuelan espontáneamente tras su liberación. También se remarcaba que existe un "agravio" comparativo con otras autonomías, donde se ha legislado en materia cinegética, reconociendo la legalidad de prácticas cinegéticas que utilizan la liga para la caza de túrdidos, sin que ello fuera motivo o causa justificativa de que dichas normas legislativas hubiesen sido tachadas de inconstitucionalidad.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, ha sido el encargado de argumentar la moción que solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que lleve a cabo "de una vez" las acciones pertinentes para arreglar el cauce y entorno del río Mijares con el fin de poner en valor este gran recurso natural. Una propuesta que se ha aprobado con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y Bloc.

Además, el texto pedía al Ministerio de Medio Ambiente que permitan adecentar los accesos al río y limpiar el entorno por cuenta propia, ya que la Confederación prohíbe realizar acción alguna en todo el cauce y alrededores.

"Queda patente la necesidad de restaurar el Mijares, lo que contribuirá tanto a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a la recuperación de su buen estado ecológico, condición exigida por la Directiva Marco de Aguas para el año 2015, como a generar más oportunidades económicas a los municipios por los que fluye el río Mijares", ha destacado Vicent Aparici.

Otros puntos de la sesión han sido la declaración institucional presentada por el PSOE para exigir a la Generalitat la ejecución de todas las inversiones pendientes y la moción para la finalización de las obras del TRAM. Ambas han sido aprobadas por los votos de PP y PSOE tras la enmienda de adhesión del Grupo Popular, a la primera de ellas, y la enmienda a la totalidad en el segundo de los textos.