La Fiscalía y la Abogacía General del Estado dan prácticamente por descartada la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Supremo las candidaturas presentadas por la coalición Amaiur (integrada por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba) a las elecciones generales del 20 de noviembre.

Así lo han señalado este martes fuentes del Ministerio Público y de los Servicios Jurídicos del Estado, que han reconocido que aunque se sigue trabajando en el asunto (el plazo para la presentación de las impugnaciones se abre este miércoles y finaliza el jueves 27), desde un principio eran conscientes de que las expectativas de encontrar algún motivo de ilegalización eran "escasas".

Añaden que la decisión del Tribunal Constitucional permitiendo a Bildu participar en las elecciones locales del pasado 22 de mayo (en la que se convirtió en la fuerza política con más concejales del País Vasco) cerró casi por completo las vías para intentar dejar ahora fuera de los comicios a la izquierda abertzale.

"Había más material probatorio en Bildu", han insistido las fuentes, que afirman además que la incorporación a Amaiur de Aralar (que siempre ha condenado la violencia de ETA y que ha recibido por ello constantes críticas de la banda terrorista y del sector de la izquierda abertzale ligado a ésta) debilita aún más los pocos indicios de ilegalidad que pudieran hallarse.

Y es que los informes elaborados por la Policía y por la Guardia Civil (que están en poder de la Fiscalía desde mediados de mes) inciden en la presencia de miembros de la izquierda abertzale en los primeros puestos de las candidaturas, pero no en un porcentaje suficiente para justificar una impugnación de las listas.

Así, el histórico dirigente de Batasuna y exparlamentario vasco por Euskal Herritarrok, Iñaki Antigüedad, ocupa el primer puesto de la candidatura en Vizcaya para el Congreso.

En Guipúzcoa encabeza la lista Maite Aristegi, exsecretaria general del sindicato agrario EHNE y exportavoz de la plataforma 18/98, de apoyo a los encausados en el macrojuicio contra el entorno de ETA.

En Álava, el número uno de la lista al Congreso es Iker Urbina, un abogado que ha defendido a jóvenes pertenecientes a Segi acusados de pertenecer a ETA, mientras que en Navarra el cabeza de lista es Sabino Cuadra, que ha pertenecido a diversas organizaciones de la izquierda abertzale y es miembro del sindicato abertzale LAB.