La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge desde este martes y hasta el próximo 28 de octubre el juicio contra el hombre, identificado como Francisco P.S., que fue detenido tras supuestamente atropellar hasta la muerte a su exmujer en la A-44, cuando ambos regresaban de un hospital de Granada hacia el municipio donde residían por separado, hechos por los que se enfrenta a un total de 23 años y medio de prisión.

La Fiscalía de Granada le atribuye en delito de maltrato habitual, otro de maltrato de obra y un delito de asesinato, por los que será juzgado a partir del 25 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. Además de la pena de prisión, se enfrenta al pago de una indemnización de 100.000 euros a la hermana de la víctima, y de otros 60.000 euros para el hermanastro.

Según consta en el escrito provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, sin antecedentes penales, había estado casado durante 20 años con Concepción P.E., a quien "de forma continua" venía haciendo objeto de "actos intimidatorios y atentatorios contra su dignidad e integridad psíquica".

La insultó, vejó y la humilló constantemente mientras duró la convivencia e incluso después de su divorcio en octubre de 2008. De hecho, la aisló de la familia y las amistades, originando en ella, según el fiscal, "una situación de miedo e inseguridad" que la llevó a pedir ayuda en octubre de 2008 a la Concejalía de Bienestar Social y posteriormente a la de Igualdad del Ayuntamiento de Lanjarón, donde el matrimonio residía. Ella nunca denunció sin embargo por "temor" a los "arranques de agresividad" del acusado.

La Fiscalía relata varios de los episodios violentos que sufrió la víctima antes de su muerte, el 26 de febrero de 2009. En agosto de 2008, el acusado conducía su vehículo desde Lanjarón hacia el aeropuerto de Granada acompañado de su esposa, su sobrina y la hija de ésta. Tras mantener una discusión con la sobrina de su mujer, paró el coche e hizo que ésta se bajara en el arcén de la autovía. Tras bajarse también su esposa, el hombre la cogió fuertemente del brazo y la obligó a subirse, dejando a la sobrina y a su hija en la carretera.

Ya el 1 de enero de 2009, sobre las 17,30 horas, mantuvo una discusión en su domicilio con la que ya era su exmujer. Ella salió entonces muy alterada de la vivienda y requirió la ayuda urgente de la concejal de Bienestar Social y de la Policía Local de Lanjarón, y se refugió en casa de una amiga por algunos días por temor a que su exmarido la encontrara o a que le hiciera algún daño.

Francisco P.S., que, según el Ministerio Público, "requería insistente y constantemente" a Concepción para que le asistiera y atendiera, logró convencerla para que le acompañara al Hospital San Cecilio de Granada, donde tenía que someterse a una operación de catarata en el ojo derecho. Así, el 26 de febrero de 2009 ambos se desplazaron desde Lanjarón hasta Granada en el vehículo del hombre. Tras la intervención y dado de alta Francisco, sobre las 14,00 horas iniciaron el viaje de regreso a Lanjarón.

En el transcurso del mismo se produjo una fuerte discusión entre ambos, porque Francisco pretendía quedarse en el domicilio de Concepción, a lo que ella se negaba. En la A-44, y al llegar al punto kilométrico 140, el vehículo en el que viajaban sufrió un incidente de circulación al efectuar una maniobra de adelantamiento a un camión.

Por ello, Francisco paró el coche en el arcén para hablar con el camionero, y ese momento fue aprovechado por Concepción para apearse y andar por el arcén de regreso a Granada. Entonces, su exmarido cogió su vehículo y, dando marcha atrás, "impulsado por los celos y el resentimiento", aceleró y la atropelló "con la intención de acabar con su vida". Además, cuando Concepción ya estaba en el suelo efectuó una maniobra hacia adelante para atropellarla de nuevo, lo que le causó la muerte.

Por todo, el Ministerio Público le imputa un delito de maltrato habitual, otro de obra y un tercero de asesinato, por los que, de ser condenado, no podrá tener armas por un periodo de seis años y medio, ni podrá acercarse a las Palmas de Gran Canaria, lugar de residencia de la familia de la víctima, durante 25 años.