La Consejería de Agricultura va a constituir un Grupo de Trabajo Técnico específico para el análisis, discusión y elaboración de los informes preceptivos, tras la realizar todas aquellas simulaciones de impacto que dibujen el panorama que las propuestas legislativas recogidas en la reforma de la Política Agraria Comunitaria arrojarían en caso de aprobarse tal y como se han publicado.

Tras ser presentadas dichas propuestas por la Comisión Europea, el pasado 12 de octubre, se abre ahora un proceso negociador, que durará 18 meses, entre la Comisión, el Parlamento, y el Consejo de la Unión Europea, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura ha hecho pública su "absoluta oposición y rechazo" a las propuestas de la Comisión, porque "atentan gravemente contra los intereses de los agricultores y ganadero de la región".

No obstante, "y en aras a la responsabilidad que debe marcar la defensa de nuestro posicionamiento, es preciso obtener datos y estudios objetivos que cuantifiquen, económica y agronómicamente, las consecuencias de las propuestas sobre Castilla-La Mancha, que dejan abiertas muchas incógnitas en su aplicación nacional, de tal forma que deben estudiarse todas las posibilidades que nos permitan conocer el mejor y el peor escenario posible, así como los intermediarios".

En este sentido, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, junto con los directores generales de Agricultura y Ganadería, Tirso Yuste e Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes, se han reunido este lunes con los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha, para plantearles esta iniciativa, así como para presentarles el documento que, tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas, han presentado a la Comisión Europea, y a la cuál se han adherido.

En dicho documento se pone de manifiesto el rechazo al modelo de reforma de la PAC, ya que puede causar daños irreparables al modelo productivo agrario español y considera que el debate sobre esta reforma debería estar condicionado por las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, ya que para definir un modelo de apoyo al sector agrario europeo es preciso conocer con exactitud los recursos financieros disponibles.