El que fuera secretario en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha asegurado que cuando ocupaba este cargo se utilizaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994 para la concesión de licencias urbanísticas y ha señalado que luego se supo que no estaba publicado íntegramente, y que era, por tanto, ineficaz. Así, ha considerado que la norma vigente serían las complementarias de ámbito provincial de 1975.

Además, ha dicho que "a los políticos nunca se les llevan los informes" cuando tienen que firmar una resolución en las materias en las que él estaba al tanto, aunque ha matizado que no tenía competencia para actuar en temas de licencias urbanísticas. "Los políticos se miran el decreto y ven que consta que hay un informe, que por lo general es favorable, y lo firman", ha apuntado.

Este testigo ha declarado en el juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística, en el que están acusados el alcalde de dicha localidad, Juan Martín Serón (PP); el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra; dos técnicos municipales, y otras 16 personas, todas empresarios. La vista oral continuará el día 3 de noviembre con nuevos testigos y con la práctica de más pruebas.

El exsecretario ha afirmado que dicho plan se aplicaba desde que llegó, en marzo de 2003, pero ha explicado que a finales de 2007, un particular planteó la duda sobre la validez de la norma porque no estaba publicada en su integridad. En ese momento, ha dicho que en el expediente se vio que "se había publicado un extracto del acuerdo, pero no se cumplía" lo que dice la ley sobre la publicación completa.

Ha corroborado que no se había hablado o discutido sobre la vigencia del PGOU porque creían que era lo aplicable, aunque ha indicado que quien revisó ese expediente fue otro jurista y ha insistido en que él no era el encargado de asuntos urbanísticos ni tampoco de realizar informes jurídicos sobre las licencias que se concedían. Ha ratificado que el alcalde delegó las competencias de licencias en el concejal procesado.

Según ha manifestado, al no estar publicado el plan general, lo que no ocurrió hasta 2010, "carece de eficacia". En ese caso, ha apuntado que habría que recurrir a las normas subsidiarias de 1986, pero "se vio, y todo esto por referencia, que tampoco estaban publicadas en su integridad", por lo que "hay que remontarse a las normas provinciales, únicas publicadas al completo, que son de 1975".

Asimismo, ha declarado como testigo un miembro de la Agencia Tributaria, quien elaboró informes sobre una empresa, a través de la cual, según las primeras diligencias realizadas en esta causa a raíz de la denuncia de un empresario, se iba a canalizar el posible pago supuestamente solicitado a dicho constructor a cambio de obtener una resolución urbanística.

Éste ha dicho que con la documentación examinada de la empresa se detectaron cuestiones que "se apartan un poco de la normalidad" desde el punto de vista contable, aunque ha apuntado que con los documentos no se puede establecer una correlación entre presuntos pagos y la contabilidad. "En el informe policial había una serie de hechos, que luego no vi en la contabilidad de la empresa", ha apostillado.