El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves al que fuera candidato del PSOE en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande en las pasadas municipales y exsecretario general de dicha formación en el municipio, Cristóbal Bonilla, en relación con las obras de una vivienda que promovió sin tener licencia y en suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como no urbanizable.

Según han informado fuentes judiciales, se le juzga por la construcción de una vivienda unifamiliar, de unos 140 metros cuadrados con porche y piscina de 40 metros cuadrados, que se inició, señala el fiscal en su escrito provisional, "careciendo" de la licencia municipal y en suelo clasificado como no urbanizable, lo que era "conocido por el acusado".

Para dar "apariencia de legalidad a la ilegal construcción", se indica en las conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, solicitó al Consistorio la concesión de licencia para una caseta agrícola de 100 metros cuadrados, que "le fue denegada por el Ayuntamiento" en un decreto, al ser "contraria, incluso, tal pretensión a la normativa urbanística vigente".

Las obras fueron detectadas en una inspección en junio de 2005, iniciando el Ayuntamiento expediente de restauración de la legalidad urbanística, en el que se acordó la suspensión de las actuaciones. El acusado continuó con las obras hasta el dictado de un segundo decreto de paralización, constando que desde marzo de 2006 no ha desobedecido la orden.

La vivienda, dice el ministerio público, "carece de toda vinculación con explotación agrícola, ganadera o forestal alguna", por lo que las obras "no son legalizables", expone, "al contravenir" lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), además de "incumplir" los requisitos exigidos en el PGOU en cuanto a parcela mínima.

En las conclusiones iniciales, el fiscal consideró que se trataba de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita para el acusado un año de prisión y multa de 5.400 euros. Además, pide inhabilitación especial durante un periodo de dos años para profesión u oficio. También se insta a la demolición de lo construido a costa del acusado.