El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Luis María Beamonte, ha recordado a los ayuntamientos que su obligación es rendir cuentas, si bien ha considerado que el Ministerio de Hacienda "podría haber tenido un poquito más de sensibilidad" en su decisión de retener anticipos de la participación de los municipios en los tributos del Estado en el mes de octubre por no haber presentado los datos de liquidación de sus presupuestos del año 2010, medida que afecta a una treintena de localidades zaragozanas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Beamonte ha indicado que la obligación de estas instituciones es "rendir cuentas cuando hay que rendir cuentas y cuando hay que presentar las liquidaciones se hace", aunque "es cierto que no está en manos de muchos alcaldes la posibilidad de efectuar esa acción, sino que le corresponde a los habilitados de carácter nacional el ejercicio de esa función".

"Aún así esperemos que la subsanación sea lo antes posible y los ayuntamientos sufran de la menor forma posible el inconveniente que les supone" que no reciban estos fondos tras no haber rendido las cuentas en 2010.

En todo caso, Beamonte ha insistido en que los consistorios deben "cumplir con su obligación que es presentar la liquidación de los presupuestos", porque sólo así pueden saber "si tienen remanentes positivos de Tesorería o remanentes negativos" y si en el ejercicio siguiente tendrán que "hacer un ajuste" o no, y si no disponen de medios suficientes para presentar estos documentos pueden recurrir a los servicios de las diputaciones provinciales, ha recordado.

El presidente de la DPZ ha detallado, como ejemplo, que "1.600.000 euros sería lo que el Ayuntamiento de Tarazona —que preside— dejaría de percibir en el supuesto hipotético de que no entregase la liquidación correspondiente a 2010", algo que para cualquier municipio supone "un gran problema de Tesorería y para afrontar el gasto corriente".

"Bastante está cayendo como para que esto ocurra", ha indicado, para insistir en que, en todo caso, "la obligación de un alcalde es exigir que se cumpla el rendimiento de cuentas y en este caso la liquidación de su presupuesto".

"Todo no vale, hay obligaciones que hay que cumplir y luego podremos analizar si ha sido correcta o no la medida que el Ministerio ha tomado", ha afirmado, para opinar que "probablemente un poquito más de sensibilidad se podría haber tenido" con los municipios.