El director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), Fermín Moral, se ha reunido este martes con varios representantes de las viviendas sociales de Las Huertas, en Sevilla, para explicarles los fundamentos legales que amparan que el arrendatario debe asumir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), acordando ambas partes "abordar jurídicamente la obligación de dicha repercusión en una mesa de trabajo" y emplazándose para una nueva reunión dentro de un mes.

EPSA señala en un comunicado que ha remitido el abono del IBI a estos vecinos, amparándose en la normativa vigente que establece que "el arrendatario debe asumir su coste". Como gestora y titular de las viviendas de Las Huertas, EPSA ha venido asumiendo el abono de este impuesto municipal entre 2004 y 2009 sin repercutirlo a los vecinos, que este martes celebraban una concentración a las puertas de la sede de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

La asunción de esta tasa ha supuesto un desembolso por parte de la Junta de Andalucía de 159.950 euros durante dicho periodo. Sin embargo, la Consejería tomó la decisión el pasado año de comenzar a reclamar a los arrendatarios del parque público de viviendas de toda Andalucía las cantidades pagadas por este concepto en aquellos municipios en los que son exigidos por los ayuntamientos.

La máxima bonificación

En el caso de Las Huertas, las cantidades exigidas a los vecinos por el IBI oscilan entre los 240,96 y los 348,40 euros anuales de forma que, aplicando un fraccionamiento de los pagos en doce mensualidades, estos inquilinos ven incrementados mensualmente sus recibos entre 20 y 28 euros. Además, la Consejería aplica en el cobro de rentas de alquiler de su parque público la máxima bonificación, teniendo en cuenta precisamente el carácter social de los pisos, lo que posibilita que las cantidades mensuales de alquiler sean de 20 euros. Sumando ambas cuantías, el recibo mensual al que debe hacer frente el inquilino no superará los 85,65 euros, estableciéndose un importe de 31,20 euros para las familias con menos recursos.

Para complementar estas medidas sociales, la Consejería ha llevado a cabo gestiones con los ayuntamientos para que ese esfuerzo que ya realiza la Junta de Andalucía también se traslade al cobro del impuesto municipal del IBI. De hecho, ha solicitado a las corporaciones municipales que apliquen una bonificación de hasta el 90 por ciento en las cantidades a percibir por este concepto.

Mesa de trabajo con el ayuntamiento

En este sentido, el director de EPSA ha informado a los representantes de Las Huertas que este mismo martes ha remitido una carta al Ayuntamiento de Sevilla reiterándole la necesidad de "aplicar la bonificación" y solicitándole la constitución de una "comisión de trabajo" para la revisión de los valores catastrales que se toman como base para la determinación del Impuesto de Bienes Inmuebles, dado el elevado importe que se da en algunos casos.

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha trasladado a los inquilinos de Las Huertas la responsabilidad que asume con las familias del parque público autonómico, destinando los ingresos procedentes de las rentas de alquiler al mantenimiento y conservación de estas pisos o a otras políticas de carácter social que desarrolla la Junta en materia de vivienda, como son la eliminación de infravivienda o la rehabilitación de edificios. En el caso de esta barriada, desde el origen de la promoción la Consejería ha ejecutado, tiene en desarrollo o en proyecto obras de reparación por un importe total de algo más de un millón de euros.