Unas 1.500 personas, entre delegados y delegadas sindicales, trabajadores, y usuarios y familiares de dependientes se han concentrado este martes antes las Conselleries de Hacienda y Bienetsar Social y el SERVEF para reclamar los pagos adeudados a las entidades prestadoras de estos servicios por parte de la administración valenciana, que han provocado que las empresas lleven sin pagar a los empleados las nóminas de entre dos y cuatro meses.

Las organizaciones convocantes,

Ccoo pv y

Ugt pv, han señalado en un comunicado que han exigido a la Generalitat valenciana que abone "de manera inmediata" las cantidades que se adeudan para este año 2011, que cifra en más de 75 millones de euros, y han reclamado un "cambio en las prioridades" a la hora de abordar los pagos presupuestados para cada anualidad.

Los convocantes exigen que se inicie primero el pago a todos aquellos servicios que la red pública de atención a la dependencia y de la propia red que los servicios sociales atienden. Los asistentes a la protesta provienen de centros de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental (residencias, centros de día, centros ocupacionales, viviendas tuteladas y centros de rehabilitación e integración social de personas con enfermedad mental...), residencias y centros de día de atención a personas mayores, así como del servicio de ayuda a domicilio.

Además, se han sumado a estas concentraciones los representantes de los Centros Especiales de Empleo, empresas que contratan, en su mayoría, a trabajadores con discapacidad, y cuya situación se ha vuelto "insostenible debido al retraso de las ayudas que reciben", según han denunciado los sindicatos.

Ccoo pv y

Ugt pv han advertido de que de continuar con estas "tensiones presupuestarias", se pone "en peligro no solo el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras, sino también el propio mantenimiento de la red pública de servicios de atención a las personas en situación de dependencia y la calidad de la prestación".

En este sentido, han recalcado que una parte "importante" de este sector "está gestionado por empresas que son entidades sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años vienen siendo pioneras en el estado español en la atención en las personas en situación de dependencia". "Si no se resuelve de manera definitiva y estable, se pone riesgo la calidad en la prestación a los usuarios y se favorece la reducción de los recursos y los ajustes de personal", han advertido.