La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que el Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles en Ciudad Real, ha aprobado el proyecto de supresión del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social. Una vez dado este paso, se remitirá el proyecto a las Cortes regionales de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado la dirigente regional al dar cuenta de sus compromisos y cumplimientos a lo largo de cien días al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. En este sentido, se ha referido a la supresión de organismos duplicados con otros nacionales que prestan igual servicio, como son el CES, el Defensor del Pueblo y la Comisión Regional de la Competencia, ha informado la Junta en nota de prensa. SUBVENCIONES

Además, según la presidenta, el Consejo de Gobierno ha tomado la decisión de suprimir las subvenciones directas a partidos políticos y organizaciones políticas de cualquier naturaleza.

De esta forma, ha concretado las medidas de austeridad emprendidas por este Ejecutivo desde su formación, hace cien días, como la reducción del 50 por ciento de altos cargos y reducción del 40 por ciento de eventuales, que supone un ahorro de 25 millones de euros.

A ello ha sumado la supresión de las delegaciones provinciales de las Consejerías, la reducción de las direcciones generales, que han pasado de 54 a 32, la reducción de un 13 por ciento de la subvención económica que reciben los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha y la congelación de los sueldos de los diputados regionales.

Reducción en consejerías

La presidenta de Castilla-La Mancha ha concretado estas medidas de austeridad, refiriéndose igualmente a otras adoptadas por las consejerías, a la hora de realizar un balance de los cien días de Gobierno.

Así, ha citado el ajuste de los arrendamientos en los edificios por parte de la Consejería de Empleo, por un valor de 360.000 euros año; mientras la Consejería de Presidencia, también, pretende ahorrar 700.000 euros anuales en la disminución de alquileres en los que la Junta ostenta el papel de arrendatario.

Por otra parte, en la Consejería de Fomento se ha extinguido la Sociedad de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias, y en la Consejería de Economía se han iniciado los trámites para la supresión del Instituto Don Quijote de Promoción Turística.

Asimismo, ha comentado el Plan para la racionalización de las plantillas de equipos directivos, llevado a cabo por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.