El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha explicado que esperan recaudar gracias al plan especial de inspección sobre impuestos que gestiona la Comunidad autónoma hasta seis millones de euros, mientras que deberán pagar en productividades para aplicar este plan unos 100.000 euros.

Estas productividades corresponden al trabajo fuera de horario —por la tarde— que van a realizar los funcionarios de la Comunidad autónoma que voluntariamente quieran participar en el plan, ha explicado el consejero, en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por la diputada del Partido Socialista (PSOE), Ana Fernández, sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios que van a colaborar con el citado plan.

El consejero ha comentado a la parlamentaria del PSOE que "no sé si está a favor o en contra" de esta medida, para opinar que "no es criticable" porque "pocas veces" gastar 100.000 euros puede suponer recaudar seis millones.

Además, ha pedido al PSOE que "menos hablar de ejercicios contables, menos ejercicios florales y espirituales y a ver si nos concentramos porque que nos critiquen este plan no lo puedo entender".

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha considerado que había "cierta contradicción" en los "postulados" del Gobierno ya que por un lado, "están recortando determinados gastos" y han dicho que, por ejemplo, en el Departamento de Hacienda se van a ahorrar 200.000 euros en remuneraciones con el plan de racionalización, pero, por otro, van a tener que pagar 100.000 euros a los funcionarios que participen en ese plan de inspección.

En este sentido, se ha preguntado si "no podrían ustedes en el Departamento establecer que, dentro del horario laboral, esos funcionarios pudieran llevar a cabo ese plan especial de inspección o algún otro mecanismo" para que "esa reducción de gastos y esa austeridad pudiera ser realidad".

Ayudas a entes locales

El consejero de Hacienda y Administración Pública ha respondido a otra pregunta parlamentaria formulada por la misma diputada sobre los criterios que va a exigir el Gobierno a las entidades locales que soliciten ayudas o subvenciones dentro de los planes de racionalización presupuestaria anunciados.

Garcés ha asegurado que su objetivo es que las entidades locales que reciban ayudas públicas y tienen "falta de contención del gasto", "hagan un esfuerzo" en consonancia con el "ejercicio de austeridad" que está efectuado el Ejecutivo aragonés.

Sin embargo, ha advertido, "no es nuestro objetivo estrangular financieramente a las entidades locales", algo "diferente de como hace el Estado con nosotros" ya que "nos está sumiendo en la confusión y la inseguridad jurídica" porque "no sabemos cuándo nos corresponden ayudas públicas o no, a consecuencia de la interpretación que está haciendo el Ministerio de Economía y Hacienda" de la legislación.

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha señalado por su parte "la precariedad financiera en la que viven los ayuntamientos", especialmente "los más pequeños", que son "la gran mayoría de nuestra Comunidad autónoma" y por eso desde el Gobierno "se tiene que apoyar a las corporaciones locales" y "estaremos vigilantes para que se cumpla la legislación si el Gobierno va a implantar nuevas medidas".