El incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Canarias por las empresas ha hecho que la Dirección general de Trabajo de la Consejería del Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo autonómico haya recaudado en los últimos 18 meses, 4,9 millones de euros, del total de 7,9 millones de euros impuestos.

Asimismo, y según los datos en 2010, se han recaudado hasta ahora un total de 3,4 millones de euros de los 5,1 millones impuestos como sanción, mientras que en 2011 han sido 1,4 millones de euros de los 2,8 millones impuestos, ya que los empresarios tienen derecho a presentar las alegaciones oportunas.

En cuanto al tipo de sanciones, están relacionadas principalmente con equipamientos inadecuados (101 infracciones y 554 requerimientos), condiciones de seguridad del centro de trabajo (1.195 requerimientos y 63 infracciones), falta de formación en esta materia (103 infracciones y 554 requerimientos), en protección de la maternidad (31 infracciones y 117 requerimientos); falta de planes de evaluación de riesgos de trabajo (86 infracciones y 568 requerimientos) y falta de planes de seguridad y salud (32 infracciones y 192 requerimientos), según informó el Gobierno de Canarias.

En cuanto al dinero recaudado por la Dirección General de Trabajo está destinado, en su mayoría, a cursos y actuaciones para la prevención de Riesgos Laborales en las empresas y es gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al respecto, la directora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, ha matizado que "no existe afán recaudatorio por parte de la Administración", ya que parte del dinero se destina a realizar cursos de prevención laboral entre las empresas.

También ha recordado que en tiempos de crisis "parece que se tiende a flexibilizar" las medidas, tanto por las empresas como los trabajadores, "sin tener en cuenta que un accidente o un fallecimiento supone un mayor coste para el empresario".

Gutiérrez indicó que cuando se produce un accidente laboral, el inspector actuante verifica si se ha producido por falta de medidas de seguridad.

"En caso de constatarse se inicia un procedimiento sancionador y, además, se recargan las prestaciones correspondientes entre un 30 ó 50 por ciento teniendo en cuenta el accidente (incapacidad, viudedad)", subrayó la directora.

Asimismo, se iniciaron un total de 161 expedientes en 2010, solicitando recargo de prestaciones para los trabajadores accidentados y en lo que va de año el número asciende a 151.