La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria impulsará planes de gestión financiera y de personal para los servicios de emergencia de la comunidad autónoma, a los que persigue convertir en "más eficaces".

Así lo ha anunciado la titular de este área, Leticia Díaz, en respuestas a preguntas del diputado socialista Francisco Fernández Mañanes, quien le ha advertido de que en el caso de las emergencias no se puede hacer "más con menos", como plantea la consejera.

Al contrario, para el socialista, una menor inversión en seguridad supone menos personal para este área, en una tesis que rechaza la consejera, quien ha aseverado que el gasto en este área es un "lastre" que prueba que las inversiones no han "mejorado" este servicio público.

La titular de Presidencia ha reiterado que el SEMCA, la empresa pública de emergencias, se encuentra en una situación de "quiebra técnica". JUSTICIA

Además, Leticia Díaz, afirmó que a la reordenación y reducción del sector público, ya en marcha, y a la "férrea política" de control del gasto en justicia, se unirá la evaluación de las políticas, el fomento de la inspección y el trabajo por objetivos, algo posible porque el Gobierno del PP es "un único gobierno", frente al anterior en el que "cada consejería funcionaba como un departamento estanco".

Asimismo, aseguró que el Gobierno impulsará una verdadera e-administración, porque a día de hoy "no hay sede electrónica, ni registro ni notificación electrónica, el nivel de utilización de la firma electrónica es bajo y hay muy pocos procedimientos que permiten la teletramitación".

La consejera realizó estas afirmaciones con motivo de la interpelación del PRC sobre la modernización de la Administración pública.

La diputada regionalista Alodia Blanco cuestionó la supresión de la Dirección General de Administración Local porque "resta visibilidad a los Ayuntamientos y genera dudas" sobre el apoyo que éstos recibirán del Gobierno para reducir las cargas administrativas.

Añadió que la modernización de la Administración siempre fue un área estratégica de acción prioritaria para el Gobierno PRC-PSOE y pidió que lo siga siendo, igual que la Justicia, un ámbito en el que a su juicio se ha recorrido "un gran camino en tan solo dos años y medio" y en el que el Gobierno del PP tiene -dijo- "el grueso del camino hecho", aunque les reprochó que "nunca han creído en esta competencia".

La consejera replicó que el nuevo Gobierno "va a tener que gestionar más y mejor con lo poco que nos ha dejado", especialmente en Justicia, el Gobierno PSOE-PRC", que en su opinión era muy propenso a la teoría y poco a la práctica.

También subrayó que el diálogo con los operadores jurídicos estaba "roto", y aseguró que no se han suprimido direcciones generales, sino que se ha reducido el número de altos cargos.

Consejo de la juventud

Por otro lado, la consejera de Presidencia y Justicia —en cuya consejería se encuadran las competencias de Juventud esta legislatura—, Leticia Díaz, afirmó en respuesta a las preguntas del diputado del PSOE Francisco Fernández Mañanes sobre el Consejo de la Juventud, que esta entidad tan sólo aglutina al ocho por ciento de los jóvenes de la Comunidad Autónoma, y dado que recibe una importante cuantía de los presupuestos regionales, es preciso evaluar si esos fondos han servido realmente para crear empleo y hacer un balance.

Díaz explicó que en Cantabria existen 259 asociaciones juveniles y solo 29 pertenecen al Consejo de la Juventud, lo que representa el ocho por ciento, porcentaje que aumenta hasta el 11 por ciento "si somos generosos y contamos a las ocho asociaciones que tienen la condición de observadoras".

La consejera explicó que en 2009, el CJC destinó el 93% de los fondos que recibe del Gobierno a sueldos, alquileres y gastos corrientes, el 6% a publicaciones y promoción, y el 1% a proyectos de cooperación, y en 2010 aumentó el porcentaje de gasto en sueldos, alquileres y gastos corrientes, superando los 200.000 euros en concepto de sueldos y Seguridad Social.

El socialista Fernández Mañanes aclaró a la consejera que el Consejo de la Juventud no es una organización social sino una entidad de derecho público que está en los presupuestos y está sujeta a la Intervención General.

El parlamentario se confesó "preocupado" por los pronunciamientos de la consejera en este ámbito, máxime después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya "finiquitado" el Consejo de la Juventud.