El Plan de Derribos diseñado por el Gobierno de Cantabria considera insalvables unas 150 viviendas de las 621 sobre las que pesan actualmente sentencias de derribo. Su demolición se llevará a cabo de forma escalonada hasta el año 2018 y en los presupuestos regionales de cada ejercicio se consignarán partidas para hacer frente tanto a las demoliciones como a las indemnizaciones previas, según informaron este viernes en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández.

El grueso de las viviendas sobre las que no cabe posibilidad de legalización son las 102 de La Arena (Arnuero), a las que se suman las 42 que se han derruido ya. Otras 17 están en Cerrías (Piélagos) y entre 15 y un máximo de 30 se localizan en Argoños. El calendario del Gobierno fija la demolición en 2012 de un edificio en estructura en Argoños, en 2013 siete viviendas de Cerrías II y en 2014 otras 10 en esta misma zona (seis en Cerrías I y cuatro en Cerrías II).

Para los años 2015 a 2017 está previsto el derribo de entre 5 a 10 edificaciones por ejercicio en Las Llamas I y II y para el año 2018 quedarían las 102 viviendas de La Arena. Paralelamente, el Gobierno va a iniciar con carácter inmediato los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que espera cerrar de mutuo acuerdo con los afectados, y cuya resolución tardará "como mínimo de seis a diez meses". Asimismo, se está trabajando "desde ya" en la búsqueda de soluciones que permitan la legalización del resto de los inmuebles condenados.

El Gobierno, que se va a personar en cada procedimiento como parte "colaboradora de la Justicia", espera 'salvar' del derribo "al menos las dos terceras partes" del total de viviendas afectadas por sentencias de demolición, en un proceso que espera culminar en el año 2018. Diego ha anunciado que en el presupuesto de 2012 se consignará una partida de entre tres y cinco millones de euros -el consejero de Medio Ambiente ha propuesto que sean cinco- para iniciar las demoliciones y afrontar el pago de las indemnizaciones a los afectados.

Hoja de ruta

El presidente ha felicitado al consejero de Medio Ambiente y su equipo por el "excelente trabajo" realizado y ha destacado que, frente al anterior Gobierno, que "eludió toda responsabilidad" en relación a las sentencias de derribo, el Ejecutivo actual "adquiere el compromiso de ponerse a disposición de los jueces" en una "hoja de ruta" que deberá ir trasladándose a cada procedimiento judicial para realizar peticiones específicas que tendrán que ser estudiadas por los órganos judiciales con la intervención de todas las partes.

Una "hoja de ruta", ha añadido, que persigue el cumplimiento de las sentencias y de las leyes, entre ellas la que obliga al Gobierno a indemnizar a los afectados antes de la demolición, así como el respeto a los derechos de las partes. Diego explicó que es una propuesta "escalonada en el tiempo" que permite la planificación financiera y presupuestaria de los recursos que las administraciones tendrán que destinar a la ejecución de las sentencias y las indemnizaciones previas.

El plan tiene el apoyo explícito de todos los ayuntamientos afectados -Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera-. Según el presidente, las administraciones locales "son conscientes de que solo de forma coordinada se puede afrontar con garantías este complejo y delicado problema", y ha asegurado que el Gobierno ayudará a los Ayuntamientos en la búsqueda de soluciones alternativas como pudiera ser por ejemplo la aportación de terrenos para que el Ejecutivo pueda construir viviendas para los afectados a modo de indemnización.

El Gobierno ha optado por empezar por el derribo de aquellas casas que no tienen posibilidades de legalización, para así disponer de margen para el estudio individualizado del resto de los casos, teniendo en cuenta los cambios habidos desde el punto de vista jurídico y fáctico desde que se dictaron las sentencias, como pudiera ser por ejemplo la aprobación de nuevos planeamientos.

En algunos casos, la solución podría pasar por la modificación de la normativa urbanística o la solicitud de nuevas licencias. El Gobierno entiende que en algunos casos puntuales, si se opta por la ejecución inmediata de la sentencia de derribo podría darse el caso de que después de la demolición se pudiera volver a edificar en la misma ubicación y la misma cantidad de viviendas una vez obtenidas las licencias por el procedimiento ordinario, lo que sería "inasumible desde el punto de vista económico y social".

Se trata, en definitiva, de evitar estas situaciones, intentar causar el menor daño posible y conseguir salvar de la demolición el mayor número de viviendas, buscando fórmulas "con el menor coste posible para los cántabros", como por ejemplo el realojo de los afectados que acepten esa alternativa.

Cada vivienda salvada,

"un gran bien"

Diego ha recalcado que cada vivienda que se consiga salvar será "un gran bien", por supuesto para las familias afectadas pero también para todos y cada uno de los cántabros. De hecho, se estima que el coste de la ejecución de todas las sentencias de derribo oscilaría entre 270 y 350 millones de euros.

El consejero de Medio Ambiente ha mantenido encuentros con la asociación de afectados, AMA, y con los representantes legales y afectados de la mayor parte de las viviendas que se demolerán en los tres próximos años, con el fin de ponerse a su "entera disposición" e iniciar los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Javier Fernández ha destacado que el Gobierno "no está condenado a nada en ningún procedimiento", a lo que se aferró el anterior Ejecutivo para "seguir la política del avestruz y eludir su responsabilidad". El consejero ha contrapuesto esa actitud con la del actual Gobierno, que ha dado "un paso al frente en colaboración con los Ayuntamientos".