La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Andalucía (COAG-A) ha considerado, tras analizar de forma exhaustiva la información que se va filtrando, que la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) para el período 2014-2020 supone un "ataque frontal" al modelo agrario profesional.

En este sentido, COAG critica, en una nota, la pérdida de peso económico de la PAC, que sufre una importante reducción de presupuesto y que además experimenta un trasvase de fondos del primer pilar (pagos directos) al segundo (desarrollo rural).

De este modo, parte del dinero que deben recibir directamente los agricultores y ganaderos pasa a destinarse a actuaciones de desarrollo rural, que si bien pueden beneficiar a los productores también pueden tener otros usos no relacionados con la actividad. Además, las medidas del segundo pilar son cofinanciadas, es decir, que si el estado no aporta su porcentaje de presupuesto, dicha cantidad se pierde.

En cuanto al diseño propuesto para la nueva PAC, la Comisión plantea una nueva distribución de los pagos directos estableciendo como condición previa el hecho de ser "agricultor en activo" (excepto para ingresos menores de 5.000 euros), pero con una definición que en ningún momento prioriza a los agricultores y ganaderos que realmente viven de su actividad.

Antes al contrario, se reconoce como actividad agrícola no sólo los cultivos y la cría y mantenimiento de ganado, sino también el hecho de tener la tierra en un "estado adecuado". Esto permite ampliar considerablemente el número de posibles beneficiarios de las ayudas, favoreciendo a propietarios de grandes extensiones que no tendrán obligación de desarrollar en ellas ninguna actividad agraria. De este modo, la propuesta ignora el principal objetivo de la PAC: garantizar el abastecimiento de la población europea.

Asimismo, la Comisión plantea una tasa plana, es decir, una ayuda por hectárea igual para todos, que no entiende de sectores más o menos sensibles ni de cuánto se haya invertido para modernizar una explotación, por ejemplo.

Además de la renta base, el sistema propuesto establece un pago verde, que condiciona el 30 por ciento de la partida de ayudas directas al cumplimiento de una serie de requisitos medioambientales. Con este reverdecimiento de la PAC se pretende favorecer la promoción de la producción ecológica (este sistema de producción recibirá el pago verde automáticamente), el mantenimiento de prados permanentes y la diversificación de cultivos, si bien en algunos casos se fijan requisitos "difíciles y costosos, a veces absurdos y no justificados" desde el punto de vista medioambiental, que pueden convertirse en trabas para conseguir este porcentaje de ayudas, buscando por tanto un ahorro presupuestario.

Otra de las grandes "pantomimas" de esta propuesta de Política Agraria se encuentra en lo que establece como modulación. Aparentando recoger esta reivindicación de los profesionales agrarios, en realidad lo que hace la Comisión es "consolidar subvenciones millonarias", ya que sólo somete a la modulación una parte de los pagos directos, restando el componente verde y también los salarios y contribuciones sociolaborales.

Así a modo de ejemplo aunque se propone una modulación del cien por cien para las ayudas superiores a 300.000 euros, si a esa ayuda se le añade el pago verde y los costes salariales y sociolaborales se estaría hablando de importes que podrían superar el millón de euros, con lo que "no se produciría ningún cambio respecto a la situación actual".

Lo mismo ocurre con las supuestas medidas de gestión de mercados que recoge la propuesta. "Ni la Reserva para crisis ni el Fondo Europeo de Globalización (fondo con presupuesto ridículo, creado para compensar los perjuicios de los acuerdos comerciales con países terceros) significan una apuesta seria para frenar la especulación, los abusos de la distribución, la competencia desleal de los productos de terceros países o el alto diferencial de precios entre origen y destino", ha subrayado.

Por último, la organización agraria ha indicado que la Comisión "sigue cerrando los ojos" al tema clave, porque la continuidad de los sectores agrarios no se puede garantizar sólo con ayudas, sino que es necesaria la regulación de los mercados, para conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales.

En un territorio con 500 millones de consumidores, los agricultores y ganaderos pueden y quieren vivir del mercado, pero eso "no será posible si la PAC se dedica a seguir impulsando el proceso de liberalización y desregulación al que asistimos desde hace años, y que viene dictado por las grandes cadenas y la OMC".