Ibarra (TSJPV) cree que para Sortu "todo hubiera sido mucho más sencillo si ETA no existiera"

Considera que "invocar la realidad social para que Arnaldo Otegi sea impune no es de justicia"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha reconocido que "todo hubiera sido más sencillo" para Sortu "si ETA no existiera", ya que "mientras perviva esa sombra va a estar en el análisis de la constitucionalidad de la decisión que tomó el Supremo". Asimismo, ha considerado que "invocar la realidad social para que Arnaldo Otegi sea impune no es de justicia".

En una entrevista concedida a 'El Correo', recogida por Europa Press, el presidente del TSJPV ha reconocido que "mientras la banda siga viendo a los jueces como enemigos, estamos en primera línea de la amenaza", por lo que "mientras ETA no se disuelva" hará "todo lo posible para que el programa de protección de jueces se mantenga".

Ibarra, que afirma que Otegi "dio un buen paso hacia la concordia y la convivencia" cuando afirmó que ETA sobra, considera asimismo que la izquierda abertzale tendrá que reconocer "indudablemente" el sufrimiento pasado.

"ETA tocó a su fin, como mínimo, en diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución", ha señalado. No obstante, lamenta el que se haya "perdido ritmo en el reconocimiento del horror del pasado" y matiza que "la memoria de las víctimas debe ser el relato en el que se funde nuestra convivencia, nuestra concordia".

Tras reconocer que las declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, sobre las víctimas catalanas de ETA "moralmente me ofendieron", señala que la izquierda abertzale ha frenado sus gestos tras la legalización de Bildu.

En referencia a la sentencia sobre el caso Baterague, Ibarra considera que "invocar la realidad social para que Arnaldo Otegi sea impune no es de justicia". "La realidad social es un criterio que los jueces tenemos que aplicar en todos los procesos", recuerda.

Respecto a la doctrina Parot, recuerda que el Tribunal Constitucional tiene la "última palabra", al tiempo que matiza que "las penas privativas de prisión tienen por finalidad la reinserción" y que "a veces hay doctrinas que rozan el larguero respecto de esta garantía".

Por último, Ibarra, que presidirá la Comisión Arbitral que dilucide si el proyecto de Ley Municipal del Gobierno vasco invade competencias de las Diputaciones, afirma estar "contento" con que el Ejecutivo haya presentado al menos un proyecto, ya que "somos la única comunidad de España que no tiene esa ley".

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