El PP ha presentado este jueves las enmiendas que planteará al proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Exclusión Social con el que plantea un "buscar la eficiencia del sistema de ayudas" para "evitar los abusos y establecer mayores controles, tanto en requisitos de acceso a las prestaciones, como realizar verificaciones periódicas para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos".

En rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, la parlamentaria 'popular' Laura Garrido ha recordado que la próxima semana se iniciará el debate y estudio de las diferentes enmiendas de cada grupo en la Ponencia parlamentaria.

Según ha informado, el PP ha presentado sus enmiendas con el objetivo de "mejorar" el texto de la ley vigente que en la actualidad articula el sistema de protección previsto en el País Vasco para personas en situación de exclusión, desempleados, entre otros casos.

Para Garrido el sistema de protección vasco es "bueno" pero ha subrayado que es necesario "mejorarlo con modificaciones", sobre todo tras la transferencia de las Políticas Activas de Empleo y la puesta en marcha de Lanbide.

El PP considera que esta remisión al Parlamento supone una "oportunidad para conectar" la percepción de las ayudas a personas en situación de exclusión social, desempleo o precariedad laboral con la empleabilidad.

En concreto, ha señalado que las personas perceptoras de las ayudas deben tener la oportunidad de formarse para encontrar empleo. "El compromiso debe ser la empleabilidad de las personas que reciben esas ayudas para que salgan de su situación y no se cronifiquen", ha subrayado.

Con el objetivo de "buscar la eficiencia del sistema de ayudas", el PP ha defendido que es necesario "hacer un esfuerzo para garantizar que las ayudas realmente llegan a las personas que las necesitan y cubren situaciones de necesidad real", lo que conlleva "evitar los abusos y establecer mayores controles, tanto en requisitos de acceso a las prestaciones, como realizar verificaciones periódicas para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos".

Garrido ha explicado que las enmiendas que el PP va a presentar están relacionadas con los requisitos de acceso y su verificación durante la recepción de las ayudas, y que las ayudas se destinen al fin previsto en la legislación.

Asimismo, reitera su propuesta para la creación de un Servicio de Inspección en el seno del Gobierno vasco y que se garantice la financiación de las ayudas consignando las cantidades "necesarias" para ello, en referencia a las Ayudas de Emergencia Social (AES), gestionadas por los ayuntamientos vascos que en ocasiones "deben hacerse cargo de una financiación complementaria para cubrir todas las situaciones que les llegan".

En este sentido, ha insistido en que las AES deben seguir siendo gestionadas por los ayuntamientos y plantea la posibilidad de que las solicitudes de las ayudas que se gestionarán desde Lanbide se presenten en los ayuntamientos.

Incremento de los controles

El PP ha resaltado que "en el actual escenario de crisis, es importante que las ayudas lleguen a quien realmente lo necesita y ha criticado que se están produciendo abusos". Al respecto, ha hecho referencia a los 900.000 euros de fraude de las ayudas sociales en el año 2008 en el Ayuntamiento de Vitoria. "Si queremos garantizar que el sistema llegue realmente a las personas que lo necesitan, hay que incrementar los controles para evitar abusos", ha reiterado.

Por ello, plantea que para percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se pase de uno a cinco años el requisito de empadronamiento y de los seis meses a tres años en el caso de las AES.

Respecto a las revisiones, la legislación prevé la posibilidad de realizar de oficio las revisiones periódicas que se estimen en el caso de RGI y AES. El PP plantea que en el caso de la RGI se revisen las condiciones de forma trimestral y mensualmente en el caso de las AES.

Asimismo, en el caso de la suspensión de las ayudas, los 'populares' plantean que para los perceptores de RGI que actualmente tienen un periodo máximo de 18 meses, se reduzca a seis meses. La ley establece que se suspenderá la recepción de la ayuda cuando se rechacen tres empleos sin causa justificada y el PP quiere que se suspenda la ayuda cuando se rechace una vez.

Por último, Garrido ha resaltado que las enmiendas del PP son "razonables" y ha realizado un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para conseguir acuerdos. "Creemos que hay margen para el acuerdo con el objetivo final de mejorar la legislación vigente y conseguir un sistema más justo y solidario", ha concluido.