El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat de Cataluña a incluir el castellano, junto al catalán, como lengua vehicular en la educación en la comunidad autónoma, lo que supondría un cambio en el modelo de inmersión lingüística, ha provocado el rechazo de gran parte de los partidos catalanistas y de algunos representantes de docentes.

Uno de los más vehementes contra la reforma ha sido ERC. Su presidente, Joan Puigcercos, ha enviado una carta a todos los partidos catalanistas para acordar un reunión y una respuesta unitaria al auto. Puigcercós ha situado el auto del TSJC que emplaza a la Generalitat a incluir el castellano como lengua vehicular en las escuelas "en concomitancia" con la sentencia del TC que recortó el Estatut y da "una vuelta de tuerca más contra la lengua catalana".

Puigcercós ha anunciado que su formación estará al lado de la Generalitat si esta mantiene una actitud "firme" de defensa del actual "modelo de éxito" de inmersión lingüística. El presidente de ERC ha remarcado que se trata "no sólo de la pervivencia de la lengua catalana, sino de la cohesión social", ya que, según ha explicado, la lengua ha funcionado como "ascensor social" y como "elemento que garantiza la igualdad de oportunidades".

También ha pedido al gobierno de CiU que defienda a los docentes y ha denunciado la "política asimilacionista" y "el discurso supremacista que considera que hay una lengua y una cultura superior", en alusión al castellano.

Puigcercós considera que el recurso al auto del TSJC que anunció la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, no será suficiente y ha pedido a CiU que "no ceda ni un milímetro en un modelo de éxito" y que "no deje a la intemperie a los maestros". "En esta defensa nos tendrá a su lado", ha dicho Puigcercós, que ha reprochado a CiU que cuando estuvo en la oposición no apoyara al gobierno tripartito en cuestiones de defensa de la lengua.

El líder de ICV-EUa, Joan Herrera, ha instado a que se presente un recurso y a que se apliquen los instrumentos del estado de derecho para "no acatar la sentencia" del Supremo sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Herrera ha valorado el auto como un grave ataque al modelo de éxito que ha representado la inmersión lingüística en Cataluña.

También el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha calificado de "atentado" y "ataque político" contra el modelo lingüístico catalán el auto del TSJC y ha asegurado que "de ninguna de las maneras" se modificará el actual sistema de inmersión y que el gobierno catalán presentará los recursos judiciales correspondientes.

Para Duran, la decisión sobre la obligación de incorporar el castellano como lengua vehicular no procede del TSJC, sino que entiende que este organismo se limita a acatar una sentencia del Tribunal Supremo. A juicio del portavoz parlamentario de CiU, la resolución del TSJC contradice además dos sentencias previas del Tribunal Constitucional y además ha añadido que el actual sistema de inmersión cuenta con el aval científico de la UNESCO y el aval político de la Unión Europea.

También el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, de CiU, ha mostrado su rechazo al auto, y ha afirmado que ante este se deberá ser "firme" y "cambiar las normas".

En declaraciones a la prensa, Trias ha expresado su "indignación" por una decisión judicial que, según ha dicho, obliga a cambiar "un instrumento de integración extraordinario para miles de personas", en referencia a la inmersión lingüística en catalán. En este sentido, ha mostrado su confianza en que "las cosas no vayan como establece el auto" porque si éste acaba por cumplirse "quiere decir que las normas estatales y la Constitución no sirven".

En el otro lado están PP y Ciutadans. La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, y el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, han pedido al gobierno de CiU que cumpla la sentencia y se comprometa a convertir el castellano en lengua vehicular.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado este sábado que el Constitucional ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza, insistió en que el último fallo responde a un caso concreto e indicó que las leyes catalanas son constitucionales.

Caamaño explicó respecto al auto que la justicia "no da ultimátums, dicta sentencias" que responden a "casos concretos y puntuales que se resuelven".

Por tanto, dijo, "habrá que analizar el fallo y resolver el caso", pero insistió en que lo que dicen las leyes catalanas, "que son constitucionales, es lo que nos vinculan a todos" aunque pueda haber, "en cada caso concreto, excepciones acordadas por un juez en una sentencia".

El ministro opinó que, "a pesar de los titulares", esta es la interpretación que hay que hacer, ya que el Tribunal Constitucional "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia".

Puede haber, dijo, "necesidades de adaptación" a normas, "pero de eso no podemos dar un salto de un caso a la generalidad de todo el sistema de cooficialidad lingüística en la enseñanza que existe en Cataluña, pero también en otras Comunidades como Galicia o incluso Valencia o el País Vasco", dijo.

Preguntado por si este asunto puede suponer algún tipo de sanción, Caamaño dijo desconocer el contenido concreto del fallo, e insistió en que las sentencias tienen que ser cumplidas, pero "son para casos concretos" y no para supuestos generales. "Lo que regula la conducta general de todos se llama ley, no sentencia", concluyó.

El sindicato USTEC, mayoritario entre los docentes catalanes, ha hecho este sábado un llamamiento a los profesores a "desobedecer" del TSJC, que insta a la Generalitat a implantar también el castellano como lengua vehicular de las escuelas.

"Llamamos al profesorado a la desobediencia y a mantener el catalán como lengua de aprendizaje y de relación en los centros educativos", ha asegurado en un comunicado.

El sindicato, que califica de "coacción" la sentencia del TSJC, recuerda que los docentes de las escuelas de infantil y primaria "han sido los protagonistas de una experiencia exitosa que ha sabido construir una escuela que no segrega por motivos de lengua y que se ha convertido en una pieza clave en la recuperación del catalán como lengua común y de cohesión social".

Al mismo tiempo, emplaza al departamento de Enseñanza de la Generalitat a "no plegarse ante una sentencia que sólo defiende intereses de una minoría fanatizada y que sólo busca el enfrentamiento lingüístico".

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha anunciado una campaña de movilizaciones en los próximos días para protestar contra este auto,

"En los próximos días pondremos en marcha toda nuestra capacidad, en colaboración con el tejido social del país, para responder 'no' a la fractura de la inmersión lingüística en las escuelas", ha asegurado el presidente de la formación, Gerard Figueras, durante el Consejo Nacional celebrado este sábado en Lloret de Mar (Girona), según recoge un comunicado.

La JNC ha defendido el modelo lingüístico de las escuelas de Cataluña y ve la resolución del TSJC como un ataque a la identidad catalana y como un elemento que induce a "construir un nuevo horizonte nacional".