Técnicos de la Xunta y operarios de la concesionaria de las obras, con la presencia de más de 20 agentes de Policía, han iniciado en la mañana de este viernes el desalojo de una pastelería y una vivienda —de los mismos propietarios—, penúltimos afectados por la expropiación de los terrenos donde se construirá el nuevo hospital de Vigo, entre las parroquias viguesas de Beade y Valladares.

A primera hora de la mañana y amparándose en un auto del Juzgado de lo Contencioso número 1, los técnicos cortaron el suministro eléctrico y de agua a las fincas afectadas, incluida una pequeña factoría de materiales de construcción que también está pendiente de un auto de desalojo, y maquinaria de la obra entró en las parcelas donde los operarios ya han comenzado los primeros trabajos para la demolición de los edificios.

En el lugar se congregaron los afectados, familiares y vecinos, y denunciaron "el atropello y abuso" de este desalojo, ya que, según ha explicado el propietario del local, tuvo conocimiento del desalojo hace escasos días y "no se respetaron los plazos" para presentar recurso, dejando a su familia y empleados en una situación "de miserable indefensión". Los vecinos, que reclaman un mayor pago por la expropiación, piden a la Xunta que reubique su vivienda y su negocio en la misma zona.

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