El Gobierno de María de Cospedal ha insistido en que la puesta en marcha del Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Básicos no supondrá la destrucción de empleo en la región, ha recordado que con el PSOE, y en concreto con José María Barreda al frente de la Presidencia regional, el paro subió en 125.000 personas.

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, que en rueda de prensa ha desmentido categóricamente las manifestaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Martínez Guijarro, que ha alertado de que este plan supondrá la pérdida de 15.000 empleos.

Labrador, que ha señalado que las manifestaciones del dirigente de la oposición son una "falacia", ha condenado que los socialistas se atrevan a poner en duda este plan, cuando el Ejecutivo 'popular' se ha visto obligado a llevarlo a cabo por las "actuaciones" de los socialistas.

El consejero de Presidencia ha criticado la "irresponsabilidad" de Martínez Guijarro, al que como consejero de Agricultura hay que "agradecerle —ha ironizado— que el Consejo de Gobierno haya tenido que afrontar en el mes de agosto el pago de 2,2 millones de euros por su mala gestión e incompetencia a la hora de gestionar los fondos agrícolas".

Es por ello que ha lamentado la "desfachatez política" del ahora portavoz de los parlamentarios socialistas, que "debería escuchar a su compañera de partido, la ministra de Economía Elena Salgado que, como conocedora de la realidad económica de Castilla-La Mancha, ha tenido que reconocer lo necesario de este plan para las cuentas de la región".

Colaboración de la sociedad de c-LM

El consejero de Presidencia ha precisado que el Gobierno regional no puede llevar a cabo sólo estas medidas, por lo que ha pedido la colaboración y el apoyo de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y también del PSOE, "que ha generado la ruina económica que en la actualidad presenta la región".

Dicho esto, Labrador ha insistido en que para proteger los derechos y los servicios de los castellano-manchegos, y sobre todo de los que menos recursos tienen, el Ejecutivo regional se ve obligado a ahorrar 1.800 millones, realizando un "esfuerzo" que tendrá coste cero para los ciudadanos de las región, pues no van a tener que pagar más impuestos.

También ha asegurado, tal y como afirmaba este miércoles la presidenta María Dolores Cospedal, que este conjunto de medidas que dan nombre al Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con el que el Gobierno regional "reintegrará a la sociedad de la región lo que el PSOE le debe", se enmarcan en la reforma constitucional pactada en el Congreso.

Y aunque ha mostrado su alegría por el hecho de que el PSOE haya reconocido que es necesario "no gastar más de lo que se ingresa", ha criticado la "necedad" de algunos dirigentes de este partido en la región, "incapaces de ver una realidad que ellos han generado".

No obstante, Labrador ha admitido que el 2012 y el 2013 van a ser años "malos", y que va a ser el tiempo que Castilla-La Mancha va a tardar "en salir del túnel en que otros nos han metido".

Reunión con sindicatos

En otro orden de cosas, preguntado sobre si el Gobierno regional tiene previsto reunirse con los sindicatos para darles cuenta del plan, Labrador ha indicado que, precisamente, la Mesa Sectorial de los empleados públicos se reunía este miércoles para analizar la reestructuración de administración de puestos periféricos.

Según el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, "la mayoría de los centrales sindicales estuvieron de acuerdo y agradecieron la actitud del Gobierno", cuya intención es impulsar la carrera profesional y la profesionalización de los cargos de la administración regional.

Así las cosas, Jesús Labrador ha asegurado que el diálogo con los sindicatos, como con cualquier agente social, "siempre está presente", y que el Gobierno que preside María Dolores Cospedal está "siempre dispuesto a dialogar".

Compraventa de edificios

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas también se ha referido, a preguntas de los medios, a las operaciones con arrendamiento y posterior derecho de recompra que el Gobierno regional va a llevar a cabo con muchos de los inmuebles que posee.

Tras precisar que es una fórmula usada por otros gobiernos autonómicos, ha explicado que la determinación de los edificios que serán sometidos a esta operación vendrá desarrollada en la Ley de Presupuestos Regionales, y que los inmuebles al servicio del interés público "como hospitales", quedarán excluidos.

Temor de ayuntamientos

Por último, Labrador, también a preguntas de los medios, se ha referido al temor que ya han expresado algunos ayuntamientos, como el de Toledo, de que la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos frene el crecimiento de la ciudad, por la paralización de la obra pública.

El consejero ha recordado que de "forma temporal" no se van a acometer nuevas inversiones en obra pública, por una "necesidad" de ahorrar 1.800 millones de euros. No obstante ha matizado que "ninguna actuación que ponga en peligro los servicios sociales básicos va a estar escatimada por esta administración".