El partido de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía acusa a la Junta de Andalucía de "engañar" a los andaluces con respecto a la modificación de la Ley de Aguas para la gestión del Guadalquivir, y ha asegurado que "habrá que devolver la práctica totalidad de las competencias" que se habían transferido a la Comunidad.

Así, UPyD-A se ha referido en un comunicado a las declaraciones que el consejero andaluz de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, hizo respecto a la modificación de la Ley de Aguas el pasado viernes 26 de agosto, indicando que se trataba de una "solución estable, integral y compartida a la gestión del Guadalquivir" que "garantiza la participación del Gobierno autonómico en la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos" del río.

Ante estas declaraciones, la portavoz de UPyD-A, Paloma Medina, ha expresado que la interpretación que su partido hace sobre esta modificación legal "es bien diferente a la grandilocuencia del consejero que, o bien no se entera de nada, o simplemente pretende engañar a los andaluces". Así, ha explicado que dicha modificación determina que "solo podrán ser transferidas a la Junta una pequeña parte de las competencias de la Confederación del Guadalquivir", esto es, las correspondientes a la labor de control, o policía, de la calidad de las aguas.

Por tanto, el partido ha asegurado que habrá que devolver "la práctica totalidad de las competencias que habían sido indebidamente transferidas", así como "oficinas como las de la Plaza de España, algunas ya invadidas por direcciones generales de la Consejería de Medio Ambiente", edificios, instalaciones y funcionarios.

De este modo, UPyD-A considera que esta situación supone "un clamoroso fracaso de las pretensiones de la Junta de Andalucía en su desmedida ambición de poder, con desprecio absoluto al interés general y al servicio público". Además, ha asegurado que las competencias residuales que mantendrá la Junta "generarán descontrol y descoordinación con la Confederación Hidrográfica, que desempeñará el resto de las competencias".

A juicio de UPyD, este desastre es consecuencia de la "pésima gestión política y administrativa de la Junta de Andalucía socialista y la complicidad de un PP con el que pactó un nuevo Estatuto, que nunca debió arrogarse competencias sobre el Guadalquivir", que "deben residir en la Administración General del Estado", ha concluido.