El presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado la creación de la comisión de participación en la ordenación y gestión del litoral, a través de una orden que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que establece su composición, régimen de funcionamiento y funciones en esta materia.

Griñán, que este miércoles se ha reunido en Málaga con representantes del sector de los empresarios de playa, ha indicado que en el encuentro se ha hablado del marco jurídico estable que, a su juicio, "es necesario ya ir perfilando y tenerlo terminado antes de finales de año".

El objetivo es, por tanto, según ha apuntado, la seguridad jurídica, promoción económica y conservación. Al respeto, ha añadido que la seguridad jurídica "es fundamental para la promoción empresarial, para que los empresarios puedan tener un horizonte despejado" y también "es necesario que esa promoción se vea acompañada de activos financieros que son los que tiene la Consejería de Turismo y que todo esto se haga de la mano y de acuerdo con Medio Ambiente".

Ha añadido que lo que se persigue es conseguir "establecimientos hosteleros de calidad que colaboren en la conservación del litoral, que sean cooperadores necesarios con la Administración y, por tanto, todo aquello que no esté en esta línea no podrá sobrevivir". REUNIÓN

Griñán ha señalado que la reunión ha pretendido "simbolizar la alianza estratégica que queremos conseguir entre la conservación del medio ambiente y lo que es el establecimiento hostelero conocido como chiringuito", en su doble función: de actividad empresarial y de "colaborar también con la Administración para la conservación del litoral".

El presidente de la Junta de Andalucía ha calificado la reunión de "importante" porque han estado la representación tanto del sector de la actividad económica empresarial como la Consejería de Medio Ambiente, "que es a la que le hemos dado el ejercicio de esta competencia", y la de Turismo, por "su relación empresarial con los empresarios".

Desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral el pasado mes de abril, se han recibido un total de 55 planes de playa y se han resuelto 54 a fecha de 1 de agosto —siendo 16 por parte de la Junta desde el traspaso—, por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 98,2 por ciento.

En estos primeros meses de gestión del litoral por parte de la Junta se ha dado "prioridad a la aprobación de los planes de playa, lo que ha permitido mantener con normalidad la actividad económica autorizada durante el periodo estival".

Además, según ha explicado, el proceso de transferencia de competencias no ha tenido incidencia alguna en la aprobación y ejecución de dichos planes, que tienen como principal eje hacer compatible el respeto al medio ambiente y las actividades que se llevan a cabo en el litoral. EXPEDIENTES

Hasta la fecha, la Junta ha resuelto 499 expedientes en los que se han concedido y renovado autorizaciones que permiten una explotación sostenible de la costa al mismo tiempo que se protege el territorio y sus valores naturales.

En concreto, se han recibido 1.188 solicitudes, de las que se han resuelto 499 expedientes, lo que supone el 42 por ciento de las solicitudes de autorización recibidas en los primeros cuatro meses de competencia en esta materia por parte de la Administración andaluza.

Por comunidades, la provincia de Huelva es la que acumula la mayoría de los expedientes resueltos, con 142 autorizaciones; seguida de Sevilla, con 128. En Málaga, especialmente los municipios de la Costa del Sol Occidental, se han resuelto 99 autorizaciones. A continuación, se sitúa Granada, con 80; Cádiz, con 54, y, finamente Almería, con 34.

Con el traspaso de competencias materializado el pasado 1 de abril, la Administración ambiental de la Junta centra los esfuerzos en cuatro áreas de trabajo: la resolución de los expedientes relativos a los concesiones y autorización de ocupación —344 resueltos—; las autorizaciones de temporada en el marco de los planes de playa —16 resueltos— y, por último, otras actividades sin ocupación —139—.

También desde las cinco delegaciones provinciales de Medio Ambiente donde hay playas se han mantenido reuniones con empresarios y ayuntamientos para la resolución de los expedientes con los que se otorgan las concesiones de los chiringuitos.

Los informes se encuentran en distintas fases del proceso por el cual se determina el otorgamiento de la concesión. Este proceso se inicia, según ha expuesto, con la recogida de documentación requerida por la administración, entre la que destaca el proyecto básico, la memoria descriptiva y justificativa, los planos o el presupuesto de obra.

Así, tras la recopilación de la información requerida, la Consejería de Medio Ambiente examina la propuesta y realiza la petición de informes oficiales a las delegaciones provinciales de Turismo, Comercio y Deporte y de Obras Públicas y Vivienda; a los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Defensa; así como al ayuntamiento del municipio donde se pretende ubicar el chiringuito.

El plazo de resolución de los expedientes es de ocho meses, una vez se haya iniciado el trámite y cumpla los pasos administrativos de información pública, periodo de alegaciones, oferta de condiciones al peticionario, la propuesta de resolución hasta la resolución final por parte de la Junta. COMPETENCIAS

El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado enero, si bien su entrada en vigor se produjo el pasado 1 de abril. Las funciones transferidas incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros.

Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados 'chiringuitos', así como la realización de vertidos, la explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras finas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.