Apenas 91 farmacias han abierto este jueves en las provincias castellanomanchegas de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. El cierre convocado es una medida de protesta por deuda de 125 millones de euros que mantiene el Gobierno regional presidido por María Dolores de Cospedal con el sector desde mayo.

De las 1.030 farmacias que hay en las provincias, 221 que han permanecido de guardia en estas cuatro provincias. Las 244 de Albacete, que no se ha sumado a este cierre patronal, han seguido abiertas. El Colegio de Farmacéuticos de Albacete, tras tres horas reunido en asamblea, decidió de forma mayoritaria no echar el cierre de sus establecimientos, tal y como lo acordó el pasado 29 de julio, ya que considera que puede afectar a los pacientes.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha recordado a las comunidades autónomas que el pago a las farmacias “debe ser prioritario” y confía en que las conversaciones entre los gobiernos locales y las farmacias culminen en acuerdo.

El "mismo problema" lo tienen otras comunidades autónomas como Baleares y La Rioja, lo tuvo Murcia y "está empezando a tenerlo" Valencia, (todas ellas del PP) como ha reconocido la secretaria general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y presidenta de la Federación de Empresarios de Farmacia de Castilla-La Mancha, María Dolores Espinosa.

La "diferencia" con el resto de comunidades autónomas es que en Castilla-La Mancha hay numerosos municipios con muy poca población y las farmacias de zonas rurales suponen el 80 por ciento de las que hay en Castilla-La Mancha.

Se trata de pequeñas localidades en las que "el único responsable sanitario es el farmacéutico", ha dicho Espinosa, y es precisamente la pervivencia de estas farmacias la que peligra porque no pueden hacer frente al pago de los medicamentos.

El Gobierno central, en boca de la ministra de Sanidad Leire Pajín, ha recordado que el Ejecutivo ya ha empezado a adoptar medidas de ahorro para las comunidades autónomas que les permitan garantizar las prestaciones sanitarias a los ciudadanos y para pagar a los proveedores farmacéuticos. Entre esas actuaciones destaca las medidas de compensación a las farmacias pequeñas, "que son las que más están sintiendo esta realidad", reconoce.

En esta misma línea, ha incidido también que el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo día 19 aprobará el real decreto Ley con estas medidas para las farmacias y otras "que permitirán ahorrar al Sistema Nacional de Salud mas de 2.400 millones de euros anuales para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a las deudas con proveedores y, entre ellas, las deudas con los farmacéuticos".

El director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, Javier Hernández Pascual, ha advertido de que el cierre organizado por los farmacéuticos no está autorizado, "incumple la reglamentación" y puede ser considerado como "una falta grave". La multa para esta infracción está entre los 3.000 y los 15.000 euros.

Hernández Pascual ha recordado: "la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público", según se recoge en la legislación, que "promueve el interés público mediante una reglamentación orientada a garantizar el derecho de la población a la asistencia farmacéutica continuada", ha informado en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha indicado: "el reglamento farmacéutico atribuye a la interrupción unilateral del servicio farmacéutico por parte de la oficina de farmacia la consideración de infracción grave". Según Hernández Pascual, la legislación sanitaria aplicable a las oficinas de farmacia "preserva el derecho a la asistencia farmacéutica continuada y no contempla el cierre del establecimiento por motivos económicos".

El Gobierno regional espera que los farmacéuticos "se comporten lealmente con los ciudadanos y con las organizaciones que representan, manteniendo un servicio que deben proporcionar en todo momento a los ciudadanos".