El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto a la Administración autonómica que negocie un convenio con el Gobierno central para mejorar los depósitos municipales de detenidos en la Comunidad aragonesa.

Así lo ha indicado este martes en una rueda de prensa en la que ha presentado el 'Informe sobre los Depósitos Municipales de Detenidos de la Comunidad autónoma de Aragón', elaborado con el objetivo de recoger la situación en la que se encuentran dichas instalaciones.

Para realizar el informe, el Justicia se ha dirigido a los ayuntamientos de los municipios que, por ser cabeza de partido judicial y no existir en el término municipal ningún establecimiento penitenciario, tienen encomendada la competencia delegada de la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial.

Durante estas visitas, el Justicia ha observado que sólo la mitad de las localidades que están obligadas a tener el servicio de depósitos de detenidos lo tienen, y estos son los municipios de Ejea de los Caballeros, Monzón, Barbastro, Calatayud, Alcañiz y Fraga. Por otro lado, Tarazona, Calamocha, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Caspe y Boltaña carecen de depósito.

Sin embargo, el Justicia ha percibido que estas instalaciones de detenidos son "poco apropiadas". Según García Vicente, en la mayoría de los casos las condiciones materiales y de habitabilidad de los depósitos no son las adecuadas para el cumplimiento de la normativa penitenciaria.

García Vicente ha destacado que los únicos depósitos de detenidos que cuentan con ducha son los de Ejea y Barbastro. "Si un preso entre unas cosas y otras pasa seis días en las instalaciones, son seis días que no puede ducharse ni cambiarse de ropa", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que "las dependencias suelen situarse en sótanos, las celdas son pequeñas, en algunos casos carecen de ventilación, luz natural, calefacción o agua corriente y las colchonetas y mantas no presentan un nivel higiénico saludable".

De esta forma, también ha indicado que muchos de los depósitos no cuentan con una zona diferenciada entre sexos, duermen en camastros y, cuando tienen que ir ante el juez, "no están en condiciones".

Además ha manifestado que "el estado general de todas las instalaciones es de cierto deterioro", según lo que ha podido apreciar, "aunque por parte de los presos no hemos registrado ninguna queja en la comida ni en el trato".

Medidas de seguridad

"Los centros no cuentan con medidas de seguridad adecuadas, sólo con lo justo para que no se escapen, y Ejea, Monzón y Calatayud son las únicas instalaciones que cuentan con cámaras de vigilancia, pero están en el interior, cuando deberían situarse en los espacios comunes", ha subrayado el Justicia de Aragón.

Los datos más recientes de la ocupación de estas instalaciones reflejan que, en 2010, el depósito de Ejea registró 77 ingresos de detenidos a disposición judicial; Monzón, 124; Barbastro, 53; Calatayud, 15; Alcañiz, 91, y Fraga, 20.

En cuanto al perfil de las personas detenidas y a los tipos delictivos más frecuentes, los responsables policiales consultados han coincidido en destacar el incremento en el porcentaje de personas extranjeras que son objeto de detención, así como el aumento significativo de los detenidos relativos a la violencia doméstica.

Falta de inspecciones

La primera conclusión que ha llamado la atención del Justicia es que la Administración estatal competente no ha definido cómo debe producirse esta delegación, no ha dado instrucciones técnicas a los municipios, ni realiza inspecciones para comprobar el modo en qué se está llevando a la práctica.

En este sentido, no existen normas que coordinen y unifiquen las actuaciones de la Policía Local y del funcionamiento de los depósitos, de modo que cada municipio actúa según su criterio.

En opinión del Justicia "la Administración penitenciaria debería prestar a los responsables de los depósitos la asistencia técnica y jurídica necesaria para que funcionen con las debidas garantías".

Para financiar este servicio, la Administración penitenciaria entrega una cantidad por detenido y día para gastos de alimentación y estancia de los detenidos y mantenimiento de las instalaciones que asciende a 35,44 euros.

Según el Justicia de Aragón, esta cifra resulta "insuficiente", ya que el mantenimiento de unas instalaciones adecuadas requeriría más dinero. Así, ha indicado que no se atrevía a dar una cifra, pero que estaba claro que con 35 euros por persona, teniendo que alimentarla, "no es suficiente".

García Vicente ha recordado que para realizar la función correctamente se necesitan instalaciones adecuadas, medios de vigilancia y protección, suministro alimentario, desinfección y limpieza, lo que produce un gasto mayor.

Asistencia sanitaria

Otro problema que se ha detectado en las visitas a las instalaciones es la asistencia sanitaria. Al no contar los depósitos con medios personales y materiales adecuados, se presenta el problema de los traslados a centros médicos, con la consiguiente necesidad de efectivos disponibles.

En los casos en los que se solicita la presencia del facultativo son frecuentes las reticencias e incluso la negativa, según ha matizado el Justicia de Aragón en el informe.

Por orto lado, sólo Ejea dispone de un reglamento de organización y funcionamiento del depósito, régimen jurídico y derechos y deberes de los detenidos y del personal encargados de su custodia, lo que ha llevado al Justicia a proponer al resto de ayuntamientos que elaboren y aprueben una norma similar. FORMACIÓN

El Justicia de Aragón ha apuntado que una de las cosas que ha observado en los depósitos visitados es que la Policía Local es la que en muchas ocasiones debe encargarse de los detenidos, lo que supone para el cuerpo la pérdida de un efectivo que está realizando trabajo de vigilancia para el que no está formado.

Por ello, ha pedido a la Administración autonómica que facilite a la Policía Local cursos específicos en colaboración y coordinación con los ayuntamientos.

Este informe del Justicia ha sido remitido al Defensor del Pueblo para que, a su vez, se dirija a la Administración penitenciaria y adecue los medios humanos, materiales y económicos a las exigencias legales.

Al respecto, ha resaltado, que como las dependencias son de competencia Estatal, todas las comunidades autónomas reciben la misma cantidad económica. La excepción es Cataluña, la única región española que cuenta con las competencias y que paga a sus depósitos "al menos el doble", ha afirmado el Justicia.