Un militante de UM que ha comparecido en calidad de imputado ante la jueza instructora del caso Voltor ha ratificado que fue contratado por el Consorcio de Informática Local (Cilma), dependiente del Consell de Mallorca, a pesar de que en realidad se dedicaba a labores de partido y a la captación de votos, tal y como ya confesó en otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Antoni Baró, asistido por el letrado Jaime Campaner, ha entregado la declaración que ya efectuó como encausado en el anterior procedimiento, reafirmando de este modo que el ex conseller insular de Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, le pidió en las elecciones de 2007 trabajar "más activamente" para la formación, a lo que accedió el declarante a cambio de un puesto de trabajo del que cobrar. Así fue como el ex conseller le envió al Cilma, donde "no pintaba nada".

Así fue como puso de manifiesto, en su anterior declaración, que su función en el consorcio público era "teclear encuestas" que le encargaba su gerente, Eugenio Losada -también imputado en el caso Voltor-, y que entró en él directamente tras firmar un contrato y "sin estar en ninguna bolsa de trabajo".

Sin embargo, en contra de su ratificación, otros tres imputados que han declarado ante la magistrada, han negado que realizasen labores para la formación nacionalista mientras cobraban fondos públicos, y han aseverado de esta forma que realmente trabajaban para el Cilma. Uno de ellos ha apuntado, además, que de forma paralela trabajaba como auxiliar en la Conselleria insular de Presidencia al frente de la cual estaba Francesc Buils, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Todos ellos han sido citados junto a otros 24 encausados, que desfilarán por el Juzgado los días 25, 26, 27 y 29 de este mes en el marco de la pieza número 13 de la causa, que investiga si ex altos cargos del Consell, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

De este modo, el día 25 comparecerán Manuel Norte, Magdalena Juan, Rocío Lambea, J.A. Rabassa, David Soto y Osvaldo Frías; el 26 Corina Marinas, Lucía Duque, Catalina Payeras, J.J. de la Peña, Laura Hurtado y Liliana Sierra; el 27 Dolores García, Eva García, Mari Ángeles Mayol, María del Mar García, María del Mar Almendro y Fabiola Velásquez; y el día 29 Alicia Orellana, Antonia Pardo, Margarita Murillo, Juan Cañas, Francisca Pallicer y Sonia Corregidor.

Las citaciones se produjeron a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que Eugenio Losada aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos empleados 'fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.

Precisamente, la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, fue recientemente interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como, en una de las ocasiones, del entonces director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, y del alcalde de Pollença, Joan Cerdà.

Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.

Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la del ex conseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.