En una rueda de prensa, Torrico ha lamentado la situación y ha precisado que, en el caso de Locsa, "como gobierno municipal hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, suscribimos un compromiso con la unanimidad de todos los grupos en Pleno para que si algún responsable de la empresa KME tenía la tentación de hacer negocio con el suelo de Locsa se le eliminara todo".

Si bien, resalta, "hasta ahí son nuestras competencias" y respecto al resto, manifiesta "el rechazo a la política de la empresa", mientras que se solidariza con los trabajadores. Además, "si hay alguna otra acción para realizar la estudiaremos", ha precisado el portavoz, quien ha destacado "la actitud positiva de todos los grupos, que en este asunto vamos de la mano".

En cuanto a Urende, Torrico ha lamentado "profundamente" la situación, al tiempo que se solidariza con los empleados y espera que "se resuelva de la mejor forma y que afecte de la manera menos mala posible a los trabajadores".

En concreto, Locsa pretende cerrar su factoría cordobesa y prescindir de sus 120 trabajadores, de los que KME ya ha despedido, "por causas objetivas y de la producción", a doce empleados y previsto el traslado en agosto a sus instalaciones de Barcelona a otros once.

Mientras que Urende, perteneciente al Grupo Sánchez-Ramade y con sede central en Córdoba, ha presentado a los representantes sindicales de los más de 700 trabajadores de sus 22 tiendas en toda España "un plan de viabilidad" con el que persigue "salvar la empresa", lo cual implica, según afirma por su parte CCOO, el cierre de 16 tiendas y el despido de 450 empleados.