La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha destacado este jueves que las quejas sobre la competencia en materia de Justicia expresadas por algunas comunidades autónomas demuestran que "no se puede seguir parcheando" el sistema y que es imprescindible acometer una "reforma global", de forma que la inversión en medios materiales y personales se vea acompañada por reformas legislativas.

Después de que el CGPJ celebrara el último pleno anterior a las vacaciones de verano y aprobara la memoria anual correspondiente a 2010, Gabriela Bravo ha comparecido en rueda de prensa donde ha sido preguntada sobre el hecho de que el Ejecutivo madrileño se plantee devolver la competencia de Justicia al Estado. "Es la primera vez que se plantea —devolverla— desde una comunidad", ha respondido, para añadir que Murcia y Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo a asumir el traspaso.

A su entender, esta oposición refleja la necesidad de que el incremento presupuestario y el aumento del número de jueces y magistrados se enmarque en un "modelo eficiente" y de "un cambio" en la organización y distribución de la Planta Judicial, la cual se diseñó en 1870 atendiendo a las características y la población de la época.

De esta forma, ha instado a atender a las demandas del siglo XXI y ha llamado a los dirigentes políticos y los legisladores a ser "generosos en los cambios y los recursos". "No podemos afrontar cambios de una forma parcial", ha indicado, para explicar que si solamente se incrementa el número de jueces, los órganos volverán a estar "saturados en pocos años".

"Es evidente que el esfuerzo económico tiene que ir acompañado de reformas legislativas importantes para establecer un nuevo modelo de organización judicial", ha remachado.

Reforma de la lecrim

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el Ministerio de Justicia, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha destacado la necesidad de agilizar la jurisdicción Penal puesto que ésta absorbe el 70 por ciento de los asuntos que ingresan cada año en los órganos judiciales.

En cualquier caso, ha indicado que el anteproyecto aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y que, posteriormente, el CGPJ emitirá un informe consultivo sobre el mismo. "Es evidente que el proceso penal necesita también un cambio sustancial para adecuarse a las necesidades del siglo XXI sin arrinconar nunca las garantías constitucionales", ha añadido.

Finalmente, ha sido cuestionada sobre las sentencias contradictorias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a propósito de la formación de la izquierda abertzale 'Sortu'. A este respecto, ha mostrado su "más absoluto respeto" por ambos tribunales y ha estimado que el hecho de no alcanzar una unanimidad en estas deliberaciones demuestra la "grandísima complejidad y trascendencia" de estos asuntos.