La sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un exconcejal de Urbanismo del PP en Gondomar (Pontevedra), Alejandro Gómez Garrido, y ha ratificado la condena impuesta en su día por la Audiencia Provincial —tras la celebración de un juicio con jurado—, que le impuso una multa de 540.000 euros y tres años de suspensión para ejercer cargo municipal por tres delitos de cohecho.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado defensor de Gómez Garrido justificó su apelación en que las fuerzas de seguridad habrían obtenido de forma ilícita los números de teléfono que intervinieron, y que sirvieron como prueba de cargo en el juicio para demostrar que el exedil de Urbanismo, así como otro concejal y un arquitecto, estaban involucrados en una trama que pedía dinero a promotores a cambio de favores urbanísticos. Mientras que los otros acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena impuesta, Gómez Garrido siempre defendió que no tenía relación con esos delitos.

No obstante, el TSXG ha considerado que los procedimientos utilizados por la Policía para la obtención de los teléfonos "no implican vulneración de derecho fundamental alguno". Asimismo, el alto tribunal recuerda que los números intervenidos eran de otro de los acusados, el arquitecto Francisco Borja Ramilo, quien, junto con el exconcejal de Cultura, José Luis Mosquera, se han "aquietado con la sentencia".

Por tanto, esta resolución ratifica la condena dictada para Alejandro Gómez, quien tiene ahora opción de presentar un recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo.

Investigación y juicio

Alejandro Gómez fue condenado, junto el exconcejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y el arquitecto vigués, Francisco Borja Ramilo, por tres delitos de cohecho, después de que un jurado les considerase por unanimidad culpables de haber solicitado dinero a varios promotores a cambio de introducir modificaciones en el planeamiento urbanístico de esta localidad para favorecerles.

Tanto los exediles como el arquitecto fueron detenidos en febrero de 2007, a raíz de una investigación de la Guardia Civil en la que colaboró un promotor que hizo de 'gancho'. Así, se pudo documentar mediante grabaciones la participación de los tres en peticiones de dinero a cambio de favores urbanísticos.

El 14 de febrero este empresario concertó una cita con Mosquera en el despacho del arquitecto para pagar un primer plazo de 60.000 euros, de un total de 180.000, que se pedían para desarrollar un convenio urbanístico. Finalmente la entrega se hizo en una cafetería, a la que el entonces concejal de Cultura acudió con su pareja —una mujer cuya acusación fue retirada y, en consecuencia, fue absuelta por el juez—.

A la salida de esa cita, Mosquera y su pareja fueron detenidos, momentos después fueron arrestados Ramilo y Garrido. En su condena influyeron de forma decisiva, tal y como reflejó el jurado en su veredicto de culpabilidad, las grabaciones telefónicas y el vídeo obtenido con la colaboración del gancho mediante un sistema de cámara oculta.

A raíz de las imputaciones, el PP suspendió de militancia a Gómez Garrido, el único de los detenidos que era afiliado al partido, ya que José Luis Mosquera, había ido en la candidatura municipal del PP, pero como independiente.

En el transcurso del juicio, el exedil de Cultura llegó a declarar que el dinero procedente de las extorsiones se destinaba a financiar la campaña electoral de los independientes de Move Gondomar , con los que los populares preveían pactar tras los comicios municipales de 2007, así como a apoyar la campaña del PP en Montevideo (Uruguay), aunque puntualizó que ni el partido ni el entonces alcalde Carlos Silva, también del PP, estaban al tanto de esos hechos.