Las organizaciones agrarias han coincidido este lunes en que resulta "imprescindible" que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, demande ante la CE que se compense económicamente a los productores de sandía, melón y frutos de hueso que han quedado fuera del reglamento que regula las indemnizaciones derivadas de la crisis sanitaria provocada por la bacteria 'E.coli' en el sector hortofrutícola.

Así lo han señalado el secretario general de COAG, Miguel López, el secretario federal de UPA, Marcos Alarcón y el presidente sectorial de Frutas y Hortalizas de Asaja, Francisco Vargas tras mantener una reunión en Almería con Aguilar y la consejera andaluza del ramo, quienes han dado a conocer que España pedirá a la UE un total de 71 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados por la falsa acusación vertida por las autoridades alemanas sobre el pepino español.

Alarcón (UPA) ha subrayado que el sector sigue "pagando" la "imprudencia de Alemania" ya que hay "miles" de productores que no están siendo "amparados". Ha demandado en esta línea que, con independencia de que se produzca o no sobrante de los 210 millones de euros que la CE ha puesto a disposición para compensaciones, España "planteé la inclusión" de sandía, melón y frutos de hueso.

En los mismos términos se ha expresado Vargas (Asaja) quien, tras estimar "insuficiente aunque justa" la cuantificación de pérdidas económicas en 71 millones de euros, ha instado a pedir "más fondos, a que se amplíe a otros productos que han tenido daños colaterales y a que se incorporen esos productos para ser indemnizados".

Por su parte, López ha calificado como "imprescindible" que las autoridades alemanas y sanitarias de la UE "rectifiquen" y hagan "una puesta en escena de manera clara y contundente" para que el consumidor sepa que "España no ha tenido nada que ver con esta crisis". "Se trata de un sector estratégico que se ha puesto en cuestión y que se tiene que restablecer ya que puede haber un hundimiento de renta que puede mermar nuestra capacidad competitiva en el futuro".

Ha abogado por una mejora del sistema de trazabilidad de los productos, que actualmente, "va al antojo de las grandes cadenas", un extremo en el que ha coincidido con Alarcón (UPA). Este ha demandado una "trazabilidad real" para la "salvaguarda del consumidor y del productor" al tiempo que ha urgido una modificación de la normativa de alertas "que ha demostrado —ha añadido— insuficiencia e incapacidad". Vargas ha incidido y ha señalado que deben ponerse en marcha "una verdadera normativa que prevea situaciones de crisis para actuar con más rapidez".