El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, solicitará una reunión urgente al nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, para intentar desbloquear el convenio para cofinanciar obras en cuarteles de la Comunitat y el de la Policía de la Unidad Adscrita de la Generalitat. Ha avanzado que tendrá su "mejor predisposición" para "llegar a acuerdos en beneficio de todos".

Castellano, que se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que aprovechará el cambio registrado en el Ministerio del Interior para pedir una reunión con el nuevo responsable con el objetivo de llegar a acuerdos en materia de seguridad.

El conseller ha indicado que ya ha tenido ocasión de tratar con Camacho —por su anterior cargo como secretario de Estado— algunas de las cuestiones pendientes en seguridad, por lo que ha afirmado que "no le vienen de nuevo los problemas" que padece la Comunitat. "Los conoce y espero que podamos llegar a acuerdos para solucionarlos", ha dicho.

Entre los temas a tratar, Castellano ha recordado el convenio para cofinanciar obras en cuarteles, pendiente de firmar desde hace al menos dos años. Sin embargo, ha matizado que el Gobierno si que ha firmado un convenio similar con otras comunidades autónomas "gobernadas por el PSOE", pero "no con la Comunitat".

El conseller ha señalado que los cuarteles distribuidos por la autonomía "no están bien, y eso nadie lo puede sostener". Así, ha indicado, según los datos ofrecidos por el propio Ministerio del Interior, que un tercio de las casas cuarteles y comisarías de Policía Nacional de la Comunitat "no cumplen las condiciones higiénico-sanitarias" y "tienen graves deficiencias estructurales". Algunos de ellas "están para reformar, y muchas otras para cerrar".

Asimismo, ha puntualizado que también está pendiente el convenio de la Policía de la Unidad Adscrita de la Generalitat. Al respecto, ha informado de que desde el año 2007, el Gobierno no remite policías a la autonomía y tampoco cubre las bajas.

El personal de la Unidad, aunque organizativamente depende del Ministerio, está gestionada por la autonomía. Así, las nóminas corren a cargo del Estado, mientras que los complementos, infraestructuras, locales y los medios materiales son sufragados por la Generalitat. Es una cofinanciación, ha detallado.

Para que esta Unidad funcione correctamente, Castellano ha abogado por firmar el convenio pendiente con el objeto de que se delimiten las competencias de la Policía de la Generalitat en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También es necesario un incremento de la plantilla, puesto que actualmente hay cerca de 350 agentes, cuando lo especificado en el convenio asciende a unos 800, es decir, el triple. "Reclamamos tener los medios suficientes que hemos pedido con un modelo no sustitutivo a la Policía Nacional, sino complementario", ha dicho.

En general, Castellano le reclamará a Camacho su colaboración para la reforma de infraestructuras, el aumento de plantillas y su coordinación con otros Cuerpos de Seguridad, y la creación de comisarías en municipios de más de 30.000 habitantes.