CCOO y UGT, que han recordado que el Consejo Económico y Social elabora todos los años un Informe Socioeconómico, "un documento imprescindible", han alertado de que si el Gobierno regional suprime este organismo no habrá ninguna otra institución u órgano de ámbito regional o nacional que pueda asumir sus funciones.

Así lo han resaltado CCOO y UGT, que conforman el Grupo I del Consejo Económico y Social, en la declaración conjunta presentada en el Pleno celebrado por este organismo este jueves. Una declaración a la que se han añadido la totalidad de los miembros del Grupo III del CES presentes en el pleno: FEMP-CLM, FECMES, UCAMAN, UPA y las dos personas de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales.

En esta declaración los sindicatos han hecho especial hincapié en resaltar la importancia del Informe Socioeconómico que elabora el CES, en el que se analiza el estado de la situación económica, social y laboral de la región, incorporándose un conjunto de consideraciones, recomendaciones y propuestas consensuadas, "que han hecho del mismo un documento imprescindible y de referencia para el conocimiento de la realidad de Castilla-La Mancha".

Tras precisar que el CES es un órgano reconocido constitucionalmente, los sindicatos han defendido que su existencia y su trabajo "profundizan y perfeccionan la democracia avanzada".

"El CES fue una conquista democrática en Castilla-La Mancha. y su desaparición supondría debilitar la participación social en el sistema democrático", insisten CCOO y UGT, que aseguran que Castilla-La Mancha no se puede permitir "ser la única región de España cuya calidad democrática sea menor".

"No debiera permitirse la señora Cospedal ser la única en presidir el Gobierno autonómico de una región con la participación social recortada".

Y es que los integrantes de este Grupo I del CES, después de matizar que este organismo nación como para hacer efectiva la participación de la sociedad civil, han manifestado su "absoluto rechazo" a la iniciativa planteada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, de suprimir este órgano y le solicitan que reconsidere su decisión, pues de llevarse a cabo supondría un "grave daño para la región y para la participación de la sociedad civil".