La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto este miércoles impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones.

González-Sinde ha presentado este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, ha planteado la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de las citadas entidades.

La ministra ha anunciado una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión, como la SGAE, la "creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles", de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.

González-Sinde ha recordado que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la SGAE, una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga le ha planteado en el mismo pleno, la ministra ha recordado que las competencias del Ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas. Ninguna de ellas ha sido suficiente para detectar los problemas que se han producido en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, ha reiterado.

Además, ha recordado que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles.

n González-Sinde ha advertido, no obstante, que ahora no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la Directiva de la UE sobre entidades de gestión. La ministra ha defendido la actuación de su departamento ante la crisis de la SGAE, en la que ha actuado con todas las posibilidades que le otorga la ley.

Lasalle ha acusado al Gobierno de intentar eludir su responsabilidad en este asunto escudándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace, ha dicho, es reforzar sus competencias sobre las entidades de gestión.

La ministra, que compareció durante la tarde ante la Comisión de Cultura del Congreso, reiteró sus argumentos, asegurando que el Ministerio de Cultura "no se lavó las manos y miró para otro lado".

Sinde ha recordado que hay ocho entidades "creadas para recaudar los derechos de autor según establece la ley y repartirlos entre los asociados" y ha asegurado que "no hay sospecha ni reproche sobre ellas, excepto sobre una sociedad mercantil dependiente de la SGAE".

La ministra ha querido defender a los autores, asegurando que han sido "doblemente perjudicados, porque se jugaba con su patrimonio y con su imagen". Así mismo, ha asegurado que no aceptará "un recorte en los derechos de los creadores", porque "el castigo debe ser para los responsables, no para los que soportan con su trabajo la cultura española".

Así, Sinde ha recalcado que "las irregularidades o delitos no empañan la buena labor del resto de las entidades ni ponen en cuestión los derechos de los creadores".