Greenpeace ha exigido al Gobierno de España que se de la negativa a las empresas petrolíferas Capricorn Spain Limited y MEDOIL, filiales de la escocesa Cairn Energy, para la exploración y prospección de los cuatro pozos licitados por Real Decreto en Consejo de Ministros, el pasado 23 de diciembre, entre las costas de Ibiza y Valencia, y en general, en todo el litoral español.

Así, Greenpeace ha informado que entre las zonas que "ser verán más afectadas" están las Salinas de Ibiza y Formentera, en el que destaca la presencia del organismo vivo "más grande del mundo", un ejemplar de ocho kilómetros de posidónia oceánica.

Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Cambio Climático y Transporte de Greenpeace, ha explicado este lunes en Palma en la sede del GOB, que "las prospecciones suponen un riesgo demasiado elevado que no necesitamos con una verdadera revolución energética en el transporte; defendemos un futuro 100% libre de petróleo".

En este sentido, Pizzinato ha enumerado los principales riesgos que correrían las costas de Ibiza y Valencia si se empieza a explorar el fondo marino que hay entre estas dos costas. Primero, según la ecologista, hay que tener en cuenta que son dos zonas "ya sometidas a un fuerte estrés por la actividad humana, como la sobrepesca o la construcción en el litoral".

Después, "el turismo o la misma pesca se verían afectados por la exploración o la explotación". Finalmente, el "mayor riesgo es que se explorará hasta a 1.400 metros de profundidad y la petrolera British Petrolium (BP) provocó el gran desastre del Golfo de México perforando a 1.500 metros".

Para Greenpeace, es básico que España "asuma que no es un país rico en hidrocarburos y sí en energías renovables".

Los ecologistas han señalado que el procedimiento para llevar a cabo las investigaciones constan de tres fases. En la primera etapa, la empresa se dedica a buscar información sísmica, magnética, no sólo dentro de los permisos, sino también de toda la que sea relevante para estudios regionales. Esta fase ya ha sido completada por las filiales de Cairn Energy.

La segunda fase incluye los sondes acústicos necesarios para determinar las características físicas del fondo marino y se establece el grado de probabilidad de encontrar hidrocarburos. Para ello, se utiliza un cañón de alta presión con un nivel sonoro de 215-230 decibelios (dB), cuando el umbral del dolor humano por emisiones sonoras está en 120.

Pizziato ha denunciado que la comunidad científica "ha adoptado 180 dB como nivel de intensidad sonora que puede producir daños fisiológicos irreversibles en cetáceos". Además, la ecologista ha indicado que entre las costas de Valencia e Ibiza, según el Ministerio de Medio Ambiente, "existe la presencia de siete especies distintas de cetáceos".

En la tercera fase, se procede a la perforación para tomar muestras. Estas acciones son causa "frecuente" de accidentes de contaminación y los restos de hidrocarburos acaban en las playas. De hecho, Pizziato ha advertido que si se empiezan a producir perforaciones, "Ibiza y Formentera podrían recibir vertidos ocasionales e incluso crónicos si se llega a una fase de explotación".

Según Greenpeace, todas estas actividades generan "una destrucción directa de las comunidades de fondos y afectan especialmente a ecosistemas como la posidónia oceánica, que tiene un "alto valor ecológico porque se consideran los criaderos del Mediterráneo".

En este sentido, Pizziato ha encontrado un contraste entre lo que pretende proteger el Ministerio de Medio Ambiente cuando realiza estudios sobre los cetáceos de la costa mediterránea, y lo que busca el Ministerio de Industria, que son "las últimas gotas de petróleo en el litoral español".

Así, la contaminación por manchas de hidrocarburo, o chapapote, provoca que, por ejemplo, las aves que quedan impregnadas de petróleo pierden o ven reducida su capacidad de aislarse del agua y podrían morir de hipotermia.