La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recordado este lunes, que en un pleno celebrado el pasado 22 de junio, se acordó iniciar el procedimiento para la fiscalización de los expedientes de regulación de empleo (ERE), apuntando que sus trabajos, en todo momento, estarán coordinados con la labor que desarrolle el Tribunal de Cuentas, con el fin de agilizar los procedimientos y evitar duplicidades.

Con esta decisión, según un comunicado de la Cámara de Cuentas, se inician los trabajos de fiscalización, cumplimentando las solicitudes del Consejo de Gobierno y del Parlamento de Andalucía que se recibieron en la institución fiscalizadora en las últimas semanas.

A partir de la toma en conocimiento del Pleno, se está evaluando cuáles son las necesidades y el objeto de la investigación para así elaborar las directrices técnicas necesarias para la fiscalización, y concretar los medios, los tiempos y los recursos técnicos y humanos, según el órgano fiscalizador.

En lo que se refiere a otros informes de fiscalización, la Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en su plan de actuación para 2011, presentado en el Parlamento de Andalucía en el mes de marzo, un informe de fiscalización de los fondos destinados al desarrollo del tejido empresarial y fomentos de la innovación en Andalucía gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el cual ya se está trabajando, o la fiscalización de la actividad de fomento del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Por último, la Cámara de Cuentas ha recordado que los planes de actuación de la institución se desarrollan siguiendo unos criterios técnicos muy elaborados cuyo principal objetivo es ofrecer una visión general de la situación en la comunidad.

Como se recordará, este sábado se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el pasado mes de mayo por el PP por el caso de los expedientes de regulación de empleo supuestamente ilegales detectados por la Junta de Andalucía, ya que los hechos puestos de manifiesto "permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".