El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz del Grupo Parlamentario de las Cortes autónomas, Alfredo Boné, ha afirmado este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima un recurso de La Rioja contra la regulación del Estatuto de Aragón en materia hidráulica dará "plenas garantías jurídicas" a la futura Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

El portavoz del PAR y consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en funciones ha señalado que es importante estudiar con rigor y profundidad las consecuencias jurídicas que se derivan de la sentencia.

El Grupo del PAR registró el 28 de diciembre de 2010 una proposición de ley para regular esta materia. La iniciativa legislativa caducó al concluir la VII legislatura sin que fuera tramitada, aunque sí fue admitida.

El artículo 1 establece que uno de los objetos de la iniciativa es regular la gestión de la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua de la cuenca del Ebro, acogiéndose al Estatuto de Autonomía, la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), todavía vigente y cuyo anexo recoge las obras del Pacto del Agua de 1992, y el Plan Hidrológico de Cuenca, cuya nueva edición está pendiente de ser aprobada.

Asimismo, el artículo 5.5 de la iniciativa frustrada dispone que Aragón tiene "prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón".

Precisamente, la sentencia hecha pública este miércoles por el TC da por bueno este y otros artículos del Estatuto aragonés al negar el argumento de la Comunidad Autónoma de La Rioja, según el cual al atribuirse Aragón el derecho a regular sus caudales perjudica las aguas cuya gestión es competencia de la región vecina.

Boné ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia y ha expresado que "el Estatuto reconoce los derechos de los aragoneses en relación con el agua", lo que debe traducirse en "unas posibilidades de gestión similares" a las de Cataluña y Andalucía.

El vicepresidente del PAR ha recordado que "esta sentencia avala nuestra posición, de que es compatible el principio de unidad de cuenca, mediante una planificación concertada y coordinada desde el Estado, pero con una descentralización en la gestión, tal como ya tienen Cataluña o Andalucía".

"Para el Partido Aragonés es irrenunciable avanzar hacia las máximas competencias en materia de agua que permiten la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en especial para la gestión de la reserva hídrica, la encomienda a Aragón de las obras de regulación de interés general, o la defensa de los intereses de Aragón en la revisión de los planes hidrológicos".

Este avance competencial debe llevarse a cabo "siempre desde el respeto a la unidad de cuenca y a la planificación concertada entre el Estado y las Comunidades Autónomas, especialmente en lo referente a la fijación de los caudales ecológicos", ha resumido Boné.