El portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado que los populares gallegos no comparten la propuesta realizada por la secretaria general de su partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de suprimir entes consultivos o de fiscalización como el Consejo Económico y Social (CES) o el Defensor del Pueblo, pero reconoce el "derecho" otorgado por las urnas y por el poder autonómico para que lo haga.

"En Galicia no estamos a favor de eso", ha manifestado Pedro Puy en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, en la que aclaró que cada comunidad autónoma gobierna en función de la "voluntad de los ciudadanos" que, en esta ocasión, han elegido a Cospedal presidenta de su región.

Así, ha defendido el "derecho" de la recién investida presidenta autonómica para tomar las decisiones autónomas, ya que cada comunidad tiene esa capacidad de decisión y no tendría sentido —ha juzgado— que existiese esta distribución territorial si todas las autonomías hiciesen lo mismo.

Puso como ejemplo que hay otras comunidades que han decidido subir o bajar impuestos en este momento económico que el PPdeG "no comparte", mientras que Galicia mantiene otra política, o que hay comunidades que deciden no seguir con una televisión autonómica con un modelo público de televisión autonómica y en la gallega sí y "comprometida con la lengua del país".

Modelo autonómico

"Éste es el estado autonómico y yo defiendo el estado autonómico, defiendo la libertad que tenemos el gobierno del PPdeG para dentro de las restricciones presupuestarias impulsar o mantener determinadas políticas y determinadas instituciones", ha manifestado.

Del mismo modo, ha agregado, ha defendido el "derecho de cualquier presidente autonómico" de su partido o de otro para poner en práctica "aquellas decisiones que programáticamente propuso y que considera que son las más oportunas para el territorio".

Previamente, Pedro Puy había recordado que en el caso de Galicia se ha apostado por este tipo de órganos y, a modo de ejemplo, ha destacado la unificación en un único ente del Tribunal Galego da Competencia y del Servizo Galego de Defensa da Competencia, como fórmula "más eficaz y con menor coste".

Temor a la fiscalización

Por su parte, los grupos de la oposición ven en la decisión de Cospedal un temor a la fiscalización y, en este sentido, la viceportavoz del Grupo del BNG, Ana Pontón, ha considerado que "lo que les molesta" es que existan órganos que funcionen como "contrapoder" y ha concluido que es una "demolición de la calidad democrática del Estado".

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha vinculado el cariz de las quejas que se recogen en comisionados como el Valedor do Pobo, en el que —a su juicio— quedan "reflejados los recortes presupuestarios, con el hecho de que "el PP intente recortar y suprimir, personificado en Cospedal, este tipo de instituciones".

Debate diputaciones

Relacionado a la reforma administrativa, la reapertura del debate sobre la existencia de las diputaciones realizada recientemente por el expresidente Felipe González deja en Galicia las mismas posturas que se reflejaron en el debate impulsado esta legislatura por el BNG y en el que se pedía el vaciado de competencias de las instituciones provinciales y abrir el camino a su desaparición.

De esta manera, preguntados por esta cuestión, los portavoces de los tres grupos dieron a conocer sus posiciones al respecto que mantienen los mismos matices que en anteriores debates. Así, el popular Pedro Puy advierte de que cumplen un papel de redistribución presupuestaria para ayuntamientos pequeños que ,por sí solos, no podrían realizar ciertas obras.

Paralelamente, el socialista Abel Losada se abre al debate porque considera que no cumplen ningún papel en las urbes, de forma que apuesta por avanzar en el replanteamiento de sus funciones, pero rechaza que el debate sea "diputaciones sí, diputaciones no".

Mientras, los nacionalistas, tal y como ha expresado Ana Pontón, se mantiene en su postura a favor de la eliminación de esta administración y recuerdan que ya han buscado este debate tanto en la Cámara gallega como en las Cortes Generales y, en ambos casos, no contaron con el voto favorable de los grupos mayoritarios.