El PSOE-A defenderá este martes una proposición no de ley ante la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento en la que insta al Consejo de Gobierno a apoyar la aprobación durante la próxima Cumbre del Clima de Durban (Sudáfrica) del anuncio de la Unión Europea de establecer como meta unilateral para el año 2020 una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 por ciento, siempre que haya esfuerzos equiparables.

Asimismo, solicita analizar la situación actual de las emisiones de GEI en Andalucía, estudiando la producción, consumo y estructura a nivel energético de la comunidad, seguir potenciando mediante el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 medidas destinadas a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Andalucía, así como fomentar y apoyar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con objeto de articular la participación de éstas en la elaboración de la posición española ante el Consejo de la UE.

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el grupo socialista señala que el clima está sufriendo "importantes" alteraciones desde hace varias décadas, principalmente a consecuencia de la emisión de gases que potencian el efecto invernadero, originados por el uso extendido de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, la descomposición de residuos urbanos o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra.

La gravedad del problema del cambio climático ha llevado a los países a buscar soluciones para combatir el calentamiento del planeta, surgiendo de esta preocupación el Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyo objetivo final es la estabilización de las concentraciones en la atmósfera de los gases de efecto invernadero a un nivel que evite la interferencia peligrosa de las actividades humanas sobre el sistema climático.

Dado que los objetivos de reducción de emisiones de este Convenio Marco no eran vinculantes para los países firmantes, se redactó un protocolo con objetivos vinculantes y un calendario, materializándose el Protocolo de Kyoto, firmado en Diciembre de 1997 por 89 países.

La Unión Europea, además, firmó un compromiso de reducción conjunta fijado en un ocho por ciento de las emisiones base de gases de efecto invernadero del año 1990 para el período 2008-2012, adquirido independientemente del éxito de la ratificación del Protocolo. Cada Estado miembro tiene, no obstante, un compromiso pactado diferente, que bien puede ser de reducción o de limitación.

En el caso de España, es un compromiso que limita el aumento de emisiones de GEI en un 15 por ciento por encima de los correspondientes al año base. Las repercusiones que cabe esperar ante estas previsiones de los modelos climáticos son muy diversas, tanto en el ámbito ecológico como en el socioeconómico.

La Directiva europea de emisiones tan solo regula aproximadamente el 40 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, que corresponden a las originadas por las actividades de uso y transformación de recursos energéticos fósiles, de producción y transformación de metales férreos, industrias minerales, fabricación de pasta de papel y cartón. "Fuera de control queda, al menos para el período 2008-2012, el 60 por ciento restante, generado por los conocidos como sectores difusos, el transporte, el sector residencial, comercial e institucional, la agricultura, silvicultura y la gestión de residuos", señala.

En este sentido, considera "importante" que se tome conciencia de que el cambio climático es un problema global que afecta a todos y aceptar la cuota de responsabilidad compartida, ya que con la mayoría de decisiones que se toman diariamente se puede ayudar a reducir significativamente las emisiones de GEI a la atmósfera.

Por ello, el Grupo parlamentario Socialista insta al Consejo de Gobierno a apoyar la aprobación de establecer como meta unilateral para 2020 una reducción de las emisiones de 30 por ciento.