El llamamiento realizado por la asociación de vecinos El Charco de la Gallina de Bailén (Jaén) ha sido secundado por numerosas personas hasta el punto de que, según han informado ellos mismos, han desarrollado una concentración "multitudinaria" que ha cumplido su objetivo de evitar el precintado de unas viviendas.

Fuentes de la asociación consultadas por Europa Press han detallado que la Guardia Civil ha pasado por la zona "varias veces", pero que como había muchas personas no han consumado el precintado de las casas. Además, han relatado que este sábado, sobre las 16,15 horas, agentes se presentaron allí con el objetivo de precintar las viviendas.

Sin embargo, desde la asociación llamaron al cuartel y les indicaron que para que pudieran precintar tenían que ir con el secretario del juzgado o bien con un notario de guardia, a lo que les respondieron que ellos podían precintar de todos modos y desde la asociación les subrayaron que si eso era así que llevaran a un notario para que levantara acta.

Tras pasar "un mal rato" consiguieron impedir que se pusiera el precinto a esas casas, al igual que este lunes, y han adelantado que van a desplazarse este martes hasta la Audiencia Provincial de Jaén para reunirse con la presidenta, Elena Arias-Salgado Robsy, con el fin de pedirle que hasta que se regularice la situación que se les permita vivir en sus casas.

"No pedimos otra cosa que vivir en nuestras casas y que se conteste al recurso que está puesto, que aunque no se ha contestado sí se ha ejecutado el precintado de las casas", han indicado desde la asociación vecinal El Charco de la Gallina.

La orden de proceder al precintado de las casas emana del juzgado número dos de Linares y ante ella estos vecinos alegan que esas viviendas "se encuentran en proceso de legalización en el PGOU que se está elaborando por el Ayuntamiento de Bailén".

Esa orden de precinto se refiere a las viviendas habituales de varias familias, algunas de ellas con menores de edad, y por estos motivos estas familias han presentado un recurso en el que se incluía una declaración de voluntades de la disposición de todos los concejales, incluidos los de la oposición, de legalizar todas las viviendas ubicadas en dicha zona y otras con el mismo problema.