La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado dos nuevos autos en los que rechaza los argumentos del Ayuntamiento de Argoños para evitar el derribo de varias viviendas. Y al mismo tiempo, el Tribunal Supremo, por su parte, ha confirmado las indemnizaciones por daños morales a 37 propietarios de la urbanización Las Llamas II.

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, ha dado a conocer este viernes las tres resoluciones judiciales, que acompaña de un comunicado en el que lamenta la actitud de la Sala del TSJC y critica que la "consigna" parece ser "exterminar" a los afectados para no tener que pagar los 300 millones de euros que se calcula que habría que abonar en indemnizaciones por la pérdida de las viviendas.

De las tres resoluciones judiciales difundidas por AMA, las dos primeras son sendos autos del TSJC —del 29 de abril y del 3 de junio— que responden a peticiones del Ayuntamiento de Argoños para que se reconociera la imposibilidad de ejecutar las sentencias de derribo de nueve viviendas unifamiliares, así como tres bloques de viviendas, más dos chalés unifamiliares, todos ellos en la zona del Camino del Portillo.

El Ayuntamiento alegaba que, si se ejecutan unas obras, esas viviendas cumplen el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que data del año 2006, pero la Sala de lo Contencioso no admite ese argumento porque, según señala, el propio PGOU no permite legalizar esas viviendas.

Además, la Sala, en la misma línea que en autos anteriores, recuerda que el plazo para haber tratado de legalizar las viviendas era de dos meses desde la entrada en vigor del nuevo Plan General, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria en marzo de 2007.

Los autos cuestionan por qué el Consistorio no adoptó medidas entonces, sino que dejó transcurrir "varios años" antes de plantearlo. Y para la Sala, esta solicitud "extemporánea" del Ayuntamiento "no puede interpretarse" más que como "una nueva maniobra dilatoria" del derribo.

"La pretensión fraudulentamente ejercitada de promover incidente de imposibilidad parcial no tiene otra finalidad que la de tratar de impedir, de nuevo, el derribo de las viviendas", recalca el TSJC.

Además, en uno de los autos, vuelve a insistir en que la modificación de la Ley del Suelo para facilitar las indemnizaciones antes de los derribos no afecta a la ejecución de las sentencias.

En este mismo auto, el relativo a los bloques de vivienda y los chalés, se autoriza igualmente a Tragsa a solicitar el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para poder desalojar las viviendas y derribarlas, tarea que le encomendó la Sala en un auto anterior.

INDEMNIZACIONES

Junto a estos dos autos, AMA también ha dado a conocer este viernes una sentencia del Supremo —de fecha 1 de junio— que confirma las indemnizaciones por daños morales acordadas por el TSJC en noviembre de 2006 a favor de 37 propietarios de viviendas en Las Llamas II, también en Argoños.

Aquella sentencia del TSJC, que condenaba al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños al pago de esas indemnizaciones, fue recurrida por los propietarios, que reclamaban también que se les reconocieran ya las indemnizaciones por la pérdida material de las viviendas, no sólo las correspondientes a los daños morales, ya que sino se podría demorar años su pago.

En su día, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya dijo que las indemnizaciones por la pérdida de las viviendas no se pueden reconocer mientras no se haya producido el daño, es decir, hasta que se haya materializado el derribo, pero les reconoció en cambio las indemnizaciones por los daños morales ya sufridos.

En concreto, las indemnizaciones ascienden a 12.000 euros en los casos en los que la vivienda sea la residencia principal, y de 9.000 euros si se trata de la segunda residencia.

Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo respalda los argumentos del TSJC, con lo cual, no acepta el recurso de AMA y declara firme la anterior sentencia que reconocía las indemnizaciones sólo por los daños morales.

La asociación espera más autos

En el comunicado que AMA ha difundido junto a estas tres resoluciones judiciales, la asociación muestra su malestar por los autos que rechazan impedir los derribos y subraya el "dolor y el daño" que les están produciendo las sucesivas decisiones del TSJC.

Además, la asociación está convencida de que los autos "seguirán llegando en cascada", ya que, a su juicio, la voluntad de la Sala de lo Contencioso Administrativo es no admitir "recurso ni incidente alguno, ni aplicar" la modificación de la Ley del Suelo.

"Es igual lo que presentemos, es igual las leyes que apruebe el Parlamento de Cantabria o lo que recomiende el Parlamento Europeo. Los afectados vemos claramente la intencionalidad de derribar nuestras viviendas", señala AMA, que no comprende esta situación y denuncia el "atropello" que sufren por parte de las instituciones.

La asociación, que recuerda que desde el inicio de su lucha hace ya 20 años han fallecido 57 de los afectados, asegura que la "consigna" parece ser "acabar" con ellos para acabar así con el problema de las sentencias de derribo, porque si les "exterminan" a todos no habrá que pagarles las indemnizaciones.

A su juicio, se está haciendo un "uso perverso" del derecho y de las leyes que "ataca a la buena fe de las familias que no tienen culpa de nada".

Según dice, les están provocando un daño "totalmente desproporcionado y difícil de comprender" con "guerras entre instituciones y administraciones" que a quienes están "machacando" es "a los débiles", a los propietarios.

"Por mucho menos daños que el que nos están haciendo a nosotros hay reclusos en nuestras cárceles, hay personas condenadas. En Cantabria es cierto aquello de que la justicia, como las serpientes, muerde al que va descalzo. A nosotros nos han hundido, menospreciado, machacado y humillado", añade la asociación, que advierte a quienes "producen tanto daño", que "la vida les cobrará su canon".